El martes 23 de septiembre se conmemoró el primer aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en la que nación dominicana reivindica, como lo había hecho una decisión de la Suprema Corte de Justicia, lo que han dispuesto todas las constituciones del país desde el año de 1929, que la permanencia irregular en territorio dominicano no transfiere derechos de nacionalidad, pero como habían situaciones agravadas por un cúmulo de irresponsabilidad histórica, la decisión emplazó a las instancias correspondientes a la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
La reacción de la comunidad internacional fue bestial contra la República Dominicana, como si no se tratara de una nación soberana que tiene pleno derecho a establecer sus normas migratorias y debido a que entre los censurantes habían naciones de las que estratégicamente no podíamos consentirnos el riesgo de distanciarnos, el presidente Danilo Medina tuvo que moverse con mucho tacto y prudencia para hacer saber que no se produciría ningún despojo de nacionalidad y que aquellas personas que muestren el arraigo imprescindible serían regularizadas, y la mejor muestra de esa voluntad fue la aprobación de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para los nacidos en territorio nacional inscriptos irregularmente en el registro civil y sobre naturalización.
Como si eso fuera poco un país que no tiene superávit y que año tras año pasa por la impotencia de aprobar presupuestos deficitarios, quitándose la comida de la boca y dando nueva expresiones de solidaridad, dispone de 1000 millones de pesos para cubrir los costos del plan y hacerlo gratuito para los beneficiarios.
¿Por qué el plan no ha operado con la celeridad proyectada y apenas un 1% de los presuntos afectados de la sentencia ha podido presentar la documentación requerida?
Porque la mayoría de los extranjeros ilegales, no lo son por haber penetrado o permanecido de manera irregular en el territorio de otro país, como ocurre con los 12 millones a los que trataría de beneficiar la propuesta del presidente Barack Obama, sino que además tienen el agravante de ser indocumentados porque su país les ha negado el derecho a la identidad.
Para República Dominicana o cualquier país del mundo otorgarle un status migratorio a una persona tiene que saber a quién está legalizando, pero si esa persona no presenta un acta de nacimiento en la que se establezca quienes son sus padres, no se le puede inventar una identidad, por lo que corresponde al Estado haitiano auxiliar a los nacionales de ese país que quieren beneficiarse del plan de regularización dominicano.
Sin embargo el plazo aprobado por la ley corre y muchos haitianos no han podido costear la gestión en su país de los documentos imprescindibles para asentarse en República Dominicana, y justamente respondiendo a esa necesidad el magnate de las finanzas estadounidense George Soro le expresó a Danilo Medina su intención de aportar recursos para el costo de las gestiones de documentos en Haití, si así lo hace y el gobierno haitiano lo acoge, bienvenida la contribución, lo que el Estado dominicano no puede bajo ningún concepto es asentar fantasmas. Pero la ONU acaba de emitir un informe en el que toda la inefectividad del plan la atribuye a ineficiencias dominicanas, sin mencionar la indocumentación haitiana en Haití, principal escollo de la regularización, para justificar una solicitud de ampliación del plazo, para que continúe el desorden y el Estado y el pueblo dominicano sigan cargando pesado.
