El primer capítulo del espectáculo de la Procuraduría General de la República, con una parafernalia policiaco-militar absolutamente innecesaria, concluyó exitosamente con el apresamiento y condena adelantada de los imputados, que nadie, inocente o no, podrá jamás resarcir. La presunción de inocencia de todo ciudadano, que es un principio universal, quedó pulverizada.
Otra vez la justicia dominicana cae en el descrédito; otra vez un juez ignora la toga y el birrete y se coloca un traje morado y amarillo con una estrella para evacuar una sentencia complaciente con el Gobierno.
Me pregunto si las medidas de coerción fueron redactadas en la Suprema Corte de Justicia o en el Palacio Nacional.
Me pregunto dónde estaba el juez cuando el formidable penalista Carlos Salcedo demostraba que Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, era inocente, como lo hicieron también los abogados de César Sánchez y Temístocles Montas, para solo citar tres casos.
Después de leer el documento de 336 páginas del Ministerio Público y de ver por televisión sus argumentos contradictorios, con lagunas y huecos por todas partes, estaba convencido de que el magistrado Polanco Ortega, a quien siempre consideré un hombre honorable, actuaría con absoluta independencia, conforme las pruebas presentadas. Me sorprendí, lo confieso, al escuchar las medidas de coerción.
El juez no fue garantista; al contrario, fue evasivo, temeroso y complaciente con el poder. ¡Qué pena!
La dependencia del Poder Judicial quedó demostrada nuevamente. Lo mismo ocurre todos los días con el Congreso. ¡En este país no hay justicia, quien crea lo contrario está equivocado!
La periodista Marien Aristy Capitán, del periódico Hoy, publicó un magnifico estudio donde establece que durante los gobiernos de Leonel Fernández se firmaron la mayoría de los contratos con Odebrecht. “Pese a que hubo más contratos, cuando circuló más dinero para sobornos fue en Gobierno de Medina”.
(Nadie se explica por qué nadie de ese gobierno está preso). Luego hace una relación de las transferencias hechas a Ángel Rondón durante los periodos de Fernández, Hipólito y Danilo. Un total de 101 transferencias. Más de 83 millones de dólares. En el de Danilo más de 55 millones de dólares. (Lo mucho hasta Dios lo ve).
Tanto el expediente acusatorio como las medidas del magistrado tienen un corte puramente político. Es obvio el interés por hacerle daño al PRM encartando a su presidente. En principio también querían incluir al secretario general, Jesús –Chu- Vásquez, pero luego se percataron de que sería inapropiado acusar a los presidentes del Senado que conocieron el 4% de los contratos mientras dejaban fuera a Reinaldo Pared Pérez que aprobó más del 60% y a Cristina Lizardo que sancionó más del 30%.
