Opinión

El velo de La Mulata III

El velo de La Mulata III

El 17 de octubre de 2012 agentes policiales mataron a un alemán en un confuso allanamiento a una residencia del complejo La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata. Desde ese momento comenzó a tejerse el velo de misterio, matizado por cabos sueltos y contradicciones entre las propias autoridades, que ha rodeado el operativo en que murió Peter Demetrick y habría desaparecido una caja fuerte con 60 millones de pesos. De la víctima se dijo en ese entonces que junto a otros compatriotas practicaba ritos satánicos, que pertenecía a una peligrosa secta religiosa con ramificaciones en varios países de Europa y que había resistido a tiros la pesquisa. En la medida que todas las versiones oficiales comenzaban a diluirse crecían las interrogantes que hoy conforman un denso nubarrón.

Durante la incursión a la residencia, las autoridades anunciaron que ocuparon un vehículo blindado, cinco escopetas, cuatro pistolas, dos fusiles, siete chalecos antibalas y cientos de municiones. El entonces jefe de la Policía, José Polanco Gómez, declaró que gracias a la prudencia de los agentes y de los fiscales durante el operativo no se registraron decenas de muertos. Sin embargo, los detenidos en el violento aparataje fueron únicamente dos personas mayores, el propietario de la vivienda y una alemana.

No pasó mucho tiempo para que el caso comenzara a tomar otro giro, que comprometía la responsabilidad de las autoridades. La procuradora de Puerto Plata, Alba Núñez Pichardo, acusó a dos fiscales adjuntos, José Martínez Montás y Juan Carlos Hernández Castro, de haber actuado con irresponsabilidad en el operativo. Pero estos no se refugiaron en el silencio, sino que contratacaron con una descarga que puso a pensar en que todo el aparataje respondía a una trama, que evidenció sus aristas en el epílogo del proceso judicial.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata descargó a los alemanes Peter y Daniel Brunck, así como a Solvey Isabela Ditrich Bosen, detenidos por rebelión, tentativa de homicidio y otros cargos durante el operativo en que fue muerto su compatriota. El fallo se basó en la falta de pruebas, ya que todas las acciones en que incurrieron los agentes policiales y los fiscales fueron irregulares. Resultó que las armas que se presentaron como incautadas habían sido introducidas por los propios uniformados. Pero el final del caso es todavía más de película. El procurador interino, Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, manifestó que había retirado la acusación contra tres oficiales de la Policía inculpados de la trama contra los alemanes, porque se habían excluido pruebas contundentes.

Si no se ha cerrado, el caso está supuesto a concluir sin que se determinara quién y por qué mataron al alemán, el destino de la caja fuerte con los 60 millones de pesos y sin una sola persona en prisión. Como si estuviera colmado de complicidades que comprometen hasta a los propios extranjeros.

El Nacional

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