Es una superficialidad valorar como libre, transparente y legítimo, un proceso electoral por el hecho de que los actos relativos al sufragio y al escrutinio se lleven a cabo sin mayor perturbación, desdeñando el análisis de las condicionantes previas que, de una u otra forma, inciden en la culminación del evento y, más que eso, en la conformación de la percepción de la realidad y en las decisiones de los electores.
Es vieja la conquista en este país de una adecuada organización de las elecciones, lo que se refleja en un padrón electoral depurado; una logística suficiente; un acceso a la votación sin mayores cortapisas; un conteo fidedigno de los votos y una proclamación de resultados conforme lo arrojado por las urnas.
Pero unas elecciones, como ninguna competencia sin importar su naturaleza, pueden ser evaluadas de forma integral solo a partir de cómo funcionan las cosas el día en que tal competencia se lleva a cabo.
Lo trascendente en la determinación del nivel de libertad en que se desarrolla una disputa que se pretenda catalogar como democrática, es el carácter más o menos equitativo de las reglas que rigen el hecho de que se trate.
Es en ese aspecto que las elecciones dominicanas no pasan la más pequeña prueba de depuración. Pocas cosas son más desiguales, injustas, desproporcionales e inequitativas que las circunstancias de participación que les caracterizan.
Enfrentar a quienes están vinculados al poder o tienen la oportunidad de manejar grandes fortunas, con la reconocida permisividad e impunidad con la que se usan los recursos públicos, implica una variable tan desfavorable, que contamina la libertad en que el proceso se implementa y lo despoja de todo viso de valoración democrática.
Otro elemento es el uso de mecanismos clientelares y populistas a lo interno de una sociedad tan carenciada y de tan baja formación y, por eso, proclive a ser influida para que apoye a opciones que precisamente perpetúan esas lastimosas realidades para poder continuar beneficiándose de ellas.
En ese contexto, no corresponde a la verdad proclamar que poseer control de determinadas mayorías en estamentos institucionales es el resultado del juego democrático y de la voluntad popular, porque algo obtenido de esa manera podrá ser legal, pero jamás legítimo. Por igual, constituye un despropósito alegar que quienes no tienen esas masivas adhesiones es porque no han sabido ganarse el favor popular, sin resaltar las hostiles condiciones en que deben competir.
