Susi Pola
Difícil imaginar que hay personas cristianas que no se conmuevan con el dolor que produce a una niña o a una mujer, un embarazo resultado de una violación sexual o un incesto. Ningún argumento en el sentido de minimizar un hecho tal, tiene validez para obligarlas a no abortar, un suplicio que, mucho menos aún, debe imponer el Estado.
Cualquier persona ponderada entiende que es imposible hacerle semejante exigencia a una mujer o a una niña y que a ningún ser humano se le puede imponer el suplicio de por vida, más cuando el tormento nace de un crimen, tipificado y sancionado por la ley penal dominicana.
Pero ante las observaciones al Código Penal dominicano de parte del presidente, solicitando la despenalización del aborto en tres circunstancias muy especiales: cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre; cuando es producto de una violación o incesto y cuando el producto tiene malformaciones incompatibles con la vida, las cúpulas de las iglesias han esgrimido una serie de argumentos insostenibles con cualquier creencia cristiana. (Un presidente, por cierto, incapaz de sostener su propio criterio frente a las presiones).
En nuestro país, las estadísticas oficiales subregistradas hablan de que el 10% de las personas condenadas en las cárceles, lo fueron por agresiones sexuales, y si se calcula que solo se denuncian el 10% de los casos que suceden, se puede tener una idea de lo que está pasando en la R. Dominicana, donde este tipo de crímenes son una especie de epidemia.
Frecuentemente, se publican estudios institucionales realizados por diferentes centros de atención, como el Instituto de Sexualidad Humana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Profamilia, entre otros, así como las investigaciones de UNICEF, que mantienen al día datos que no parecen alarmar lo suficiente al Estado.
Hace más o menos un mes, titulando, “Seis niños son agredidos cada día en R. Dominicana”, y “El incesto, abuso que más daño causa a los menores”, Juan Eduardo Thomas, aportaba el reporte de casos identificados y datos estadísticos, del Instituto de Sexualidad Humana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que son verdaderamente preocupantes.
De acuerdo a esta fuente, de 2011 a 2016, fueron denunciados 1,603 casos de incesto en el país, es decir, 320.6 casos por cada año, lo que es cerca de un caso por día. Mucho de estos crímenes resultan en embarazos no deseados, es el decir de médicos y médicas que trabajan en el área de obstetricia.
Ningún legislador y legisladora puede darse el lujo de ignorar estas cifras de dolor!
