El sector empresarial exige, en el marco de las discusiones del Pacto Eléctrico, que las plantas a carbón que actualmente se instalan en Punta Catalina, Baní, sean traspasadas al empresariado un año después de firmado el acuerdo y procuran garantizar el pago de la energía que venden al Estado“ incluyendo en la Ley General de Presupuesto de cada año, las transferencias reales al sector eléctrico, para poder cumplir con los pagos de las facturas corrientes a las empresas generadoras al vencimiento de las mismas”.
En su propuesta sobre el eje de generación eléctrica los empresarios plantean que “Se deberá iniciar, en un plazo no mayor de un año a partir de la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el proceso de licitación de las plantas Termo-Catalina para el traspaso del control de la propiedad y la operación de estas plantas al sector privado. El socio privado será el administrador de dicha empresa, con total independencia y disposición.
Aunque los empresarios hablan de licitación, no se tiene claro si lo que plantean es una compra de las dos centrales de generación a carbón mineral, o un simple traspaso, pese a que el Estado Dominicano está invirtiendo en estas plantas eléctricas más de 2 mil millones de dólares.
Los empresarios entienden que el Gobierno no debe participar como competidor en el mercado energético de República Dominicana, debido a que su papel debe sujetarse al de regulador, como lo establece la Ley General de Electricidad.
Aunque el Gobierno, con la oposición rabiosa del sector empresarial y diversas entidades de la sociedad civil, se vio en la obligación de embarcarse en la construcción de las centrales de Punta Catalina como una forma de disponer de una óptima capacidad instalada y de buscar reducir la tarifa eléctrica, ya que los generadores actúan como cartel a la hora de fijar los precios de la energía, sin importar que combustible utilicen en la generación.
En su propuesta del Pacto Eléctrico, los empresarios también proponen reducir los ingresos de los ayuntamientos al plantear que “concomitantemente con esta reforma, se deberá eliminar de todas las legislaciones que lo establezcan, la obligatoriedad de las Empresas Distribuidoras de pagar un tres por ciento de sus ventas brutas a las alcaldías por los derechos de paso y uso de suelo”.
Mientras que el Gobierno, en relación a este pago a los cabildos, plantean pactar que el 3% sea calculado en base al valor utilizado por las distribuidoras para realizar sus operaciones de distribución y comercialización; es decir, sólo en base al valor agregado de distribución (VAD) que publica anualmente la Superintendencia de Electricidad (SIE), y no sobre las ventas brutas de las EDES.
A pesar de que en la propuesta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se plantea que el déficit financiero operativo en las EDES les impide comprar insumos (como medidores y cables), les impide invertir adecuadamente, y les impide pagar la energía comprada a los generadores, los empresarios piden que sea eliminada la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana (UERS), y que sus funciones sean pasadas a las empresas distribuidoras.
Debido a este déficit con que operan las EDES, el 10 por ciento de la población, es decir, un millón de personas, podría quedarse definitivamente sin energía eléctrica en sus hogares al no disponer de una entidad estatal que lleve las redes a cientos de comunidades apartadas que aun no disponen del fluido eléctrico.
De igual forma el sector empresarial reclama la eliminación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), “de forma que se asegure la transparencia de los ingresos recibidos por el Estado para que estén consignados en el presupuesto general de la nación y que sean consignados en la cuenta única de la Tesorería Nacional.
En adición, dado que las acciones privadas de las 7 empresas distribuidoras, fueron adquiridas por el Estado, no hace sentido mantener esta entidad para solamente detentar las acciones en las empresas generadoras”.
Otras de las propuestas controversiales de los empresarios es en relación a la designación de los administradores de las empresas distribuidoras, ya que plantean que estos no podrán ser “militantes de ningún partido político de República Dominicana, ni tener vinculaciones, ya sea a través del cónyuge, de parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, con militantes de partidos políticos de República Dominicana”.
