Luego que el Estado anunciara su intención de vender un 49% de su participación en el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, se ha especulado mucho sobre los potenciales compradores y el proceso de dicha venta. No muy distinto ocurre con las acciones que posee PDVSA en La Refinería Dominicana de Petróleo, las cuales podrían ser puestas en venta por la empresa venezolana que actualmente pasa por severos problemas económicos. Ambos casos presentan una oportunidad para el Estado dominicano de no solo transparentar los procesos de venta de las mismas, su operatividad y administración sino también obtener más capital colocando la totalidad o una porción de las mismas en el mercado de valores.

El uso de emisiones de acciones a través del mercado de valores para incluir al sector privado en empresas estatales es una práctica internacional común, y tiende a ser favorecida por la transparencia que ofrece y porque se mitiga el riesgo de que la composición accionaria de la empresa quede concentrada en muy pocas manos.

República Dominicana no es ajena a los procesos de inclusión o venta al sector privado en empresas estatales, especialmente en el sector eléctrico, y en su momento ejecutó un proceso que lamentablemente resultó muy cuestionado precisamente por aspectos subsanables por una oferta pública de venta de acciones.

Una vez las acciones de estas empresas se colocan en el mercado de valores, las mismas quedan sujetas a los requerimientos de transparencia financiera y operativa exigida por la Ley de Mercado de Valores y su reglamento, el Consejo Nacional de Valores y la Superintendencia de Valores, en adición a que su accionar quedaría sujeto al escrutinio de los demás actores dentro del mercado, incluyendo a los miles de potenciales accionistas que pudieran adquirir sus acciones.

Más aún, la disposición del Estado de someter a sus propias empresas a dicho escrutinio serviría de estímulo adicional para que las empresas privadas hagan lo mismo, agregando transparencia a la forma de hacer negocios en el país y generando mayores alternativas de rendimiento al ahorro nacional que actualmente se encuentra concentrado en un puñado de instrumentos.

Personalmente, siempre he sido partidario de que el Estado no se involucre en actividades que pueden ser perfectamente realizables por el sector privado, y debo reconocer que la forma en que se ejecutaron algunas de las privatizaciones a finales del siglo pasado dificultaron mucho el poder seguir argumentando en favor de dichas políticas, si no se garantizan procesos transparentes en su ejecutoria.

Entiendo que el Estado dominicano aproveche esta oportunidad y haga partícipe de este proceso a todo el país mediante una oferta parcial o total de la participación en estos proyectos de alta envergadura a través del mercado de valores, empleando un poco de creatividad en nombre de la transparencia de no solo el proceso actual, sino de sus resultados en el futuro distante cuando ya ninguno de nosotros estemos acá para contarlo.