El próximo 28, como conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, llamado el día del “vientre libre”, fue elegido en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano, en Buenos Aires, Argentina, como fecha para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres de la región.
En América Latina, anualmente se realizan unos 3.700.000 abortos inseguros, de los cuales el 17% producen muertes maternas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de las interrupciones de embarazo no deseado, se realizan en condiciones de clandestinidad, sin información, con procedimientos inseguros que ponen en grave riesgo salud y vida de las mujeres.
De acuerdo a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, “la alta tasa de mujeres que mueren por abortos inseguros, está vinculada entre otros factores, a la ausencia de políticas públicas integrales por parte de los Estados que permitan erradicar las violencias de género, la trata de personas, evitar la maternidad forzada o impuesta; y asimismo, permitan garantizar la educación integral de la sexualidad, el derecho a la información y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos”.
A pesar de que en la región hay avances jurídicos que garantizan el aborto legal bajo causales o circunstancias, en nuestro país, al igual que en Chile, Nicaragua, El Salvador y Honduras, la penalización absoluta se mantiene, dificultando la atención médica de las mujeres que llegan al sistema de salud con abortos incompletos o complicados, y los que demandan una interrupción terapéutica para preservar la salud o la vida de la embarazada.
En R. Dominicana, siendo un país que atiende a casi el 100% de las parturientas en instituciones hospitalarias, tenemos altas tasas de mortalidad materna asociadas a la baja calidad de los servicios en general, así como al patrón androcéntrico y patriarcal en el abordaje de la salud, y a la restricción absoluta del derecho a abortar. La misma OMS, promueve un enfoque de salud pública para intervenir el aborto inseguro, haciendo hincapié en la legalización del aborto, la capacitación del personal de salud y la garantía de acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar.
La intervención de las religiones, especialmente la jerarquía católica, con presión y chantaje sobre el débil cuerpo político y legislativo, mantiene un imaginario misógino que incide directamente en la mortalidad materna. Sin embargo, en septiembre de 2013, el Papa Francisco declaraba que, “si bien la religión tiene derecho de expresar sus opiniones, no debe “interferir espiritualmente” en la vida de las personas, sino respetar la dignidad de cada una, y acompañarlas a partir de su condición con misericordia”.
