El grave escándalo suscitado por la decisión de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que varió la medida de coerción impuesta a los hermanos colombianos Herber y Angel María Buitrago, dos peligrosos pájaros de altos vuelos del narcotráfico y el lavado internacional de dólares, de prisión preventiva que le había sido dictada, por una libertad bajo fianza, demuestra hasta la saciedad hasta donde ha llegado lo que sin lugar a dudas es la mayor amenaza que enfrenta, para su eventual disolución, la sociedad dominicana.
Hace tiempo que dejamos de ser una caleta, o un lugar de trasbordo desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, de la cocaína, la marihuana y las anfetaminas, para convertirnos en un lugar de alto consumo, y si hace alrededor de dos décadas el microtráfico era apenas anecdótico, hoy en día constituye la principal fuente de ingresos, de millares de jóvenes, y no tan jóvenes, y responsable directo del siempre creciente número de atracos a mano armada y homicidios que hoy nos alarman a todos. Cuando en la época del Presidente Balaguer se aprobó la ley 50-88, para castigar el tráfico y consumo de drogas, quedaba vedada la libertad bajo fianza para cualquier persona ligada al tráfico o consumo de drogas.
Pero vinieron otros tiempos, y se aprobó un nuevo Código Procesal Penal, que estableció no dos, sino siete medidas de coerción, la última de ellas la prisión preventiva, bajo el peregrino argumento de que el estado natural del hombre, no importa la peligrosidad de su conducta antisocial, era la libertad, no estar detrás de las rejas, y ahí tenemos los nefastos resultados.
Por eso se han elevado voces como las del Procurador General Francisco Domínguez Brito y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reclamando con energía la modificación de ese Código Procesal Penal, importado desde América del Sur, vía la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, con la ayuda de las ONG que aquí le sirven de caja de resonancia.
Y de nada han valido las demandas de modificar ese Código, al menos para incrementar a 50 años la prisión máxima a los narcotraficantes internacionales, en lugar de los actuales 30, lo mismo que mayores penas a los uxoricidas, los incendiarios, los parricidas y quienes sean culpables de atracos y homicidios motivados por el tráfico y consumo de estupefacientes. Se trata de una petición justa, pero nuestros legisladores, y especialmente los miembros de la Cámara de Diputados, están ocupados en otros asuntos, a muchos de los cuales les resulta más rentables en lo personal, y el proyecto de modificación del Código Procesal Penal duerme el sueño de los justos, esperando que resuenen las trompetas del juicio final, para ellos despertar y tomar entonces nota de la grave amenaza que se cierne sobre todo el pueblo dominicano, ante la cual, no caben ni diferencias partidarias, ni ser del Gobierno o de la oposición, porque lo que está en juego, el destino de nuestra juventud, no es un cosa de niños, y nunca tan bien empleada la frase como en esta ocasión, sino un tsunami como el que destruyó la planta nuclear de Fukusima, en Japón. No nos llamemos a engaños, ni hagamos como el avestruz, y pongamos manos a la obra, ahora porque el tiempo se está acabando y el narcotráfico se convertirá en un cáncer incurable. Y hasta el próximo domingo, con más Jerez y más Whisky.
