El Nacional
El Congreso fue apoderado de un proyecto de reforma de 80 artículos del Código Procesal Penal, dirigidos a fortalecer la acción judicial en los casos de violación de la Ley de Cheques, los mecanismos de protección a las víctimas en materia de violencia intrafamiliar y la inclusión de mayores controles en los casos de libertad bajo fianza.
La propuesta fue presentada por la Comisión Nacional de Ejecución del Código Procesal Penal (Conae), previo consenso de los miembros del organismo.
Propone, además entre otros aspectos, la restricción del uso por parte del Ministerio Público del principio de oportunidad de no ejecución de la acción penal en los casos de porte y tenencia ilegal de armas, así como en los casos de violación de la Ley de Drogas.
Del mismo modo contempla que se permita a la Policía y al Ministerio Público la incautación del cuerpo del delito, tanto en delitos graves como en casos especiales, como por ejemplo cuando se trate de violación de la Ley de Medio Ambiente, referente a equipos de sonido y en los casos de ruidos en lugares habitados o en la vía pública, y los registros y allanamientos en horas de la noche en los casos de narcotráfico, secuestro y terrorismo.
La reforma plantea también redefinir el ámbito de las funciones del juez en la ejecución de la pena, a través de una serie de medidas que permitan reducir los niveles de impunidad como consecuencia de la incertidumbre que genera el actual procedimiento de ejecución de las condenas.
El doctor Lino Vásquez Sámuel, vicepresidente de la Conaej, dijo que la reforma procesal penal ha servido para fortalecer los derechos de la ciudadanía, imputados y víctimas, rescatando los valores liberales que la tradición autoritaria había ocultado, pero que todavía persiste una serie de vicios institucionales y fallas que afectan el correcto desempeño de los actores del sistema judicial dominicano.
Dijo que por esa razón es necesaria una propuesta inteligente y propositiva desde la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej), como espacio plural en el que intervienen los gerentes del sistema de justicia.
Explicó que esa iniciativa brinda un enfoque más conectado con la queja social, asumiendo la defensa de los derechos de la víctima de un modo más efectivo.
Aseguró que la propuesta busca producir cambios normativos para modificar viejas prácticas y actuaciones de muchos de los actores del sistema de administración de justicia penal, para así estimular contundentemente el proceso de cambios que exige nuestra sociedad en la dinámica de la investigación, la persecución penal y el juicio.
