La sentencia fue leída a puerta cerrada.
SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió este viernes a juicio de fondo a los sindicalistas Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos Solís (exregidor de Pedro Brand) y a otros tres, acusados de integrar una red de sicarios que mató al menos cinco choferes por disputas de rutas.
La juez Kenya Romero también dispuso la ratificación de las medidas de coerción impuesta a los acusados, consistente en prisión preventiva.
La fase preliminar de ese proceso ha sido uno de los más tortuosos de los últimos años con 19 aplazamientos por alegatos presentados por la defensa de los imputados.
Luego de diez aplazamientos fue que pudo arrancar la etapa preliminar del juicio por sicariato, asociación de malhechores y lavado de activos al presidente de la Unión de Transportistas y Afines (Unatrafin), al exregidor de Pedro Brand, al expolicía Amauris Cabrera, a Félix Lora de Jesús, Cristino Batista Roa y a Danilo Octavio Reynoso.
Al grupo también se le atribuye golpes y heridas contra Ramón Antonio Peña Beltré, Manuel Emilio Romero Figueroa y Eddy Francisco Sánchez.
Quevedo también es imputado de lavado de activos proveniente de una alegada mafia de los combustibles y de ser el cabecilla de la banda que, según la acusación, hizo uso de la práctica criminal desde finales de 2008.
Se le acusa de ejecutar choferes por diferencias y conflictos en las distintas rutas del trasporte público. Igual acusación se le hace al exregidor De los Santos Solís.
Hace 11 meses que inició la primera audiencia preliminar y fue en marzo de este año cuando la Fiscalía del Distrito Nacional logró presentar acusación, porque la defensa de los encartados lo impedía con los incidentes que presentaban en cada audiencia.
De los 19 aplazamientos del proceso, se produjeron dieciocho incidentes de diferentes índoles, y cada vez que la fiscal Yeni Berenice Reynoso trataba de leer la acusación, los abogados de la defensa se paraban a solicitar un reenvío por alegados problemas de salud de los imputados, falta de notificación y hasta recusación.
