En cualquier sociedad civilizada del mundo, la denuncia del director general de Impuestos Internos (DGII), de que instituciones del sector público no reportan a la Administración tributaria el dinero que retienen a terceros, causaría un escándalo mayúsculo, al revelarse que el propio Gobierno incurre en una infracción de tipo criminal.
Aunque el licenciado Guarocuya Félix no cuantificó la cantidad de dinero que esas dependencias oficiales, no identificadas, han usado indebidamente en su provecho, podría estimarse en centenares de miles de pesos, si se toma en cuenta que esa práctica delictuosa estaría vigente desde tiempos inmemoriales.
¿Con qué calidad moral puede la DGII someter a la justicia a empresas privadas por no reportar a esa Dirección los dineros recaudados como agentes de retención de impuestos, si en el sector público ningún funcionario ha sido siquiera cuestionado por incurrir en ese acto de prevaricación?
El abuso de confianza, señalado como crimen por el Código Penal, se tipifica cuando el infractor dispone en su provecho del dinero e incumple el mandato, como ha sido el caso de dependencias oficiales que incumplen la ley, de retener impuestos y transferir los recursos generados a la Administración tributaria.
Si no fuera porque lo acaba de revelar el propio director de Impuestos Internos, nadie creería que el Gobierno se roba a sí mismo, al retener y disponer en provecho de instituciones, o quién sabe si de particulares, dineros de los contribuyentes que deben finalmente ser depositados en la Tesorería Nacional.
Se creía que la elusión fiscal sólo correspondía al sector privado, especialmente al no transferir a la Dirección General de Impuestos la totalidad o parte del dinero retenido por la aplicación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis), pero ahora se sabe que instituciones gubernamentales también violan la ley penal.
El licenciado Félix admite que el principal evasor que tiene la Administración tributaria es el sector público, confesión que en Estados Unidos, por ejemplo, caería como una bomba atómica, pero aquí el problema no se resuelve con cárcel, sino con la instalación de una impresora para factura electrónica en dependencias oficiales.
Los contribuyentes, que cumplieron con la ley al entregar a instituciones públicas sus importes de impuestos, también resultaron estafados porque la totalidad o parte de esos dineros fueron usados en provecho de terceros y en perjuicio del Estado, cuyos ingresos fiscales se reducirán este año en más de 30 mil millones de pesos. Ya se sabe por qué.
