Escándalo Odebrecht



El escándalo sobre los 92 millones de dólares en sobornos que pagaría Odebrecht para obtener obras aquí, es obvio que, por su dimensión internacional, constituye uno de los principales desafíos para el Gobierno. Pero, aunque se quiera ver sangre, que rueden cabezas, la investigación tiene que realizarse con la mayor prudencia para evitar que el caso, que infortunadamente se suma a otros que han sido ladeados o simplemente engavetados, se convierta en un linchamiento mediático de sospechosos reales o prefabricados.

El clavo ardiente lo tiene el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como responsable de esclarecer la verdad. Por ahora, el funcionario se ha manejado con la mesura y prudencia que aconsejan las circunstancias para atar todos los cabos y poder actuar en consecuencia. Una de sus primeras decisiones ha sido solicitar a Brasil y al Departamento de Justicia de Estados Unidos el expediente que identifica a los supuestos beneficiarios y sobre el mecanismo utilizado por el consorcio para distribuir las comisiones. Se trata del mismo procedimiento que utilizó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al advertir que no actuaría sin pruebas.

En medio de la tormenta por aquí se ha hablado de la paralización de las plantas a carbón de Punta Catalina, pero sin que todavía se haya detectado irregularidad alguna sobre el proyecto, como no sean los mismos alegatos. Una obra avanzada en más de un 70%, que cuenta con casi todos los equipos para concluirla, que ayudará a resolver la crisis eléctrica y otros beneficios, sería un contrasentido detenerla solo por sospecha de que su construcción pudo formar parte del esquema de corrupción de Odebrecht. El país perdería más de que lo que ganaría con la suspensión del proyecto.

Negociar o haber negociado con Odebrecht no plantea una condena. Se trata de una de las compañías de construcción más grandes del mundo.

Al asumir su culpa de la red de corrupción que involucraba a varios países de la región, la constructora brasileña aceptó pagar una multa de 3,500 millones de dólares, la mayor de la historia por sobornos. Aun así tienen que evitarse los juicios a priori y conducir la investigación con la altura que el caso amerita. Una metedura de pata, sea por torpeza o encubrimiento, puede ser fatal para para el Gobierno y la imagen internacional país.

Si se consigue, como en Perú, que el consorcio reponga los sobrecostos e identifique con pruebas a los funcionarios que habrían recibido los sobornos, para procesarlos, el Gobierno daría un palo de gallera. Si es el objetivo del procurador general de la República, entonces hay que respaldarlo en su investigación para que los puntos queden sobre las íes.

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