El Ministerio de Interior y Policía anunció esta semana su tradicional prohibición al expendio de bebidas alcohólicas y la música a altos volúmenes el Viernes Santo. Quizás por costumbres de antaño o particular nostalgia a las historias de nuestras abuelas, el Viernes Santo es el único día del año “bendecido” con esta injustificada prohibición, no obstante ser apenas uno más de los 6 días feriados por razones religiosas en nuestro país.

En su habitual comunicado anunciando la prohibición, el Ministerio hace evocaciones religiosas y llamados a reflexión relacionados a esta celebración de la Iglesia Católica, sin la menor consideración a que está incurriendo en una flagrante violación a la libertad de consciencia y culto al que estamos garantizados todos los dominicanos y el deber de neutralidad del Estado.

Conspicuamente ausentes de estos comunicados anuales de Interior y Policía siempre lucen el número de resolución del Ministerio disponiendo la prohibición, la base legal en la que se ampara para imponerlo y más grave aún, la disposición legal que otorga poder al Ministerio para suspender el ejercicio de actividades legítimas de comercio, asociación, consciencia y tránsito protegidas por la Constitución de la República. En efecto, el Ministerio parece imponer su voluntad por vías de hecho amparado en la obra y gracia del Espíritu Santo.

Es de suficiente mal gusto para los que no compartimos las creencias de los cristianos, el tener que soportar comunicados oficiales de las instituciones del Estado bañados en referencias religiosas gratuitas e innecesarias, claramente evidenciando el privilegio de dicha religión en la función del Estado. Pero resulta aún más llamativo como no solo se toman estas medidas sin el menor reparo a la libertad de consciencia y culto supuestamente protegida por nuestra Constitución, sino que esta burda imposición de consciencia se convierte en una costumbre sin amparo legal sostenida sin cuestionamientos.

La República Dominicana, y muy especialmente las instituciones del Estado, deben empezar a reconocer la realidad de que nuestro país no es ni tan cristiano como lo vendemos, y ni sus cristianos son tan devotos como desean aparentarlo, como bien lo evidenciamos todas las Semanas Santas haciendo un simple conteo de cabezas en las playas en comparación con los templos e iglesias.

No es la primera vez ni será la última en la que las instituciones públicas doblegarán sus deberes constitucionales para apaciguar a la Iglesia Católica o la Evangélica por razones políticas, lo que es perfectamente razonable en un país que pretende mantener una fachada religiosa.

Pero entiendo que ya es tiempo de hacer consciencia, por respeto a los centenares de miles de dominicanos que al menos tratan de ser honestos consigo mismos, que la actitud correcta del Estado en pleno Siglo XXI es aceptar que hay que “dar Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.