COCULA, México, 29 Oct 2014 AFP – La investigación sobre 43 estudiantes desaparecidos condujo a las autoridades hasta un basurero rodeado de montañas, donde peritos rastrean en busca de pistas o restos de los jóvenes, cuyo destino mantiene en vilo a México. La fiscalía sospecha que en ese lugar montañoso del pueblo de Cocula (Guerrero, sur) policías locales corruptos entregaron a los jóvenes a sicarios del cártel Guerreros Unidos.
“Tenemos declaraciones de que en ese lugar se concentraron los grupos que habían detenido a los estudiantes y que se tomaron acciones diversas”, dijo Jesús Murillo Karam, fiscal federal en conferencia de prensa en Acapulco. Karam dijo que habrá que esperar los resultados de peritajes que realizan laboratorios especializados, para tener toda la evidencia y no dejar nada a la especulación. Una fuente del gobierno federal indicó a la AFP que “ya se encontraron huesos pero los peritajes deben determinar si son de animal o de ser humano”. En el basurero, al que la fiscalía permitió acceder a reporteros gráficos, se pudo ver al menos a 15 peritos revisando una ladera.
Apoyados por perros, los expertos con trajes blancos y tapabocas, marcaron con unos veinte banderines naranja partes del suelo donde había rastros de tierra quemada pero no de cuerpos. Para llegar al basural de Cocula, un pueblo de unos 15.000 habitantes, hay que recorrer kilómetros de angostos caminos de tierra y piedra, rodeados de cultivos de maíz. Apenas unas chozas y unos burros y cabras se ven al inicio del inhóspito camino.
Pistas de detenidos
Cocula se encuentra a unos 20 km de Iguala, la ciudad donde desaparecieron los 43 jóvenes el 26 de septiembre. Esa noche, decenas de estudiantes de una escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa (Guerrero), muy activa en la lucha social, fueron atacados a tiros por policías locales y sicarios de Guerreros Unidos, el cártel que domina esta empobrecida región y tenía a su servicio a sus autoridades.
Seis personas, incluidos tres estudiantes, murieron en los ataques y 43 siguen en paradero desconocido a pesar de que el gobierno federal mantiene unos 2.000 policías y militares peinando la región por tierra, agua y aire. Por declaraciones de detenidos, la fiscalía teme que los jóvenes fueran entregados por policías de Iguala y Cocula a sicarios de Guerreros Unidos y que éstos los hayan asesinado y enterrado.
Pero ha pedido cautela sobre esta versión hasta encontrar a los jóvenes. Tras las desapariciones, las autoridades han hallado al menos 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Los estudios realizados a 28 de esos cuerpos no permiten relacionarlos con los estudiantes, según la fiscalía. Otras decenas de cadáveres han sido desenterrados este año en esa zona disputada por varios cárteles de la droga. En Cocula, por ejemplo, 17 personas -la mayoría jóvenes- están desaparecidas desde julio cuando fueron tomados por comandos armados. Este martes, unas 200 personas vestidas de blanco se manifestaron en la ciudad de Iguala para pedir seguridad.
Frente al semidestruido palacio municipal, los manifestantes llevaban velas y formaron la palabra “PAZ” en el suelo con sus cuerpos. en el suelo. Las pistas para llegar al basurero de Cocula la dieron cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos detenidos el lunes. Dos de ellos confesaron su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes, dijo el fiscal Karam.
Con las últimas cuatro, suman ya 56 detenciones -entre policías locales, funcionarios y miembros del narco- por este crimen que ha conmocionado a México y el mundo. Desde hace dos semanas Cocula es patrullado por la policía federal. “La gente desde hace tiempo está espantada, con miedo, casi nadie sale”, dice Yuridia Lara, una panadera de 32 años, aludiendo a la violencia en esta comunidad, cuya policía local estaba coludida con el crimen organizado.
Crisis política
Las autoridades siguen tratando de capturar a José Luis Abarca, el destituido alcalde de Iguala y prófugo junto a su esposa. A Abarca se le acusa de ordenar reprimir a los estudiantes porque temía que fueran a boicotear un acto público de su esposa, quien aspiraba a sucederle en 2015. La mujer, María de los Ángeles Pineda, hermana de narcotraficantes, es ahora acusada de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes a 200 km de la capital mexicana.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a encontrar a los jóvenes y a castigar a los responsables de este crimen convertido en la peor crisis de seguridad de su presidencia (2012-2018). El mandatario se reunirá el miércoles con familiares de las víctimas que, desgastadas por un mes de angustia, han prometido seguir con las protestas para exigir la aparición con vida de los muchachos. d AFP
