2 de 2
El o la representante del Ministerio Público que recibe una denuncia de violencia intrafamiliar tiene la obligación de investigar y comprobar la veracidad de la misma y las motivaciones que la impulsan.
Resulta penoso que haya fiscales que actúen excediendo sus facultades legales y profirieron amenazas a una de las partes en un proceso preliminar de investigación en casos delicados y a veces complejos.
Más aún, hay casos en los que se ordena medida de protección a favor del o la denunciante, sin que medie evidencia de agresión física, sin que se haya escuchado al integrante de familia denunciado, y lo peor, sin que se motive la adopción de la medida.
El proceso de investigación así conducido tampoco se debe acompañar de otros abusos procesales, como el descenso al lugar (el hogar), sin previa notificación a la parte que se pretende entrevistar o interrogar, o la amenaza verbal de la fiscal con la utilización de la Fuerza Pública si no se cumple la condición o el objetivo que persigue la denunciante con la interposición de una denuncia temeraria e infundada.
El diferendo civil que suele prevalecer en familias disfuncionales, y aún no disfuncionales, no debe confundirse con las conductas contempladas como delitos en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Cuando el o la fiscal confunde esos hechos, interpreta pésimamente su rol y el espíritu de la Ley 24-97, así como las disposiciones contenidas en el Código Civil dominicano relativas a la familia.
Los mecanismos de mediación y conciliación siempre deben agotarse primero, en aras de preservar el vínculo familiar y recuperar el respeto y la paz. Nunca debe intervenir el Ministerio Público en forma amenazante y provocadora en contra de ninguna de las partes.
En los casos de agresión física comprobada y de amenazas extremas, sí procede la instrumentación formal de la acusación y del proceso judicial. La ética, la profesionalidad y la prudencia deben ser pilares en las actuaciones de las y los fiscales que laboran en las unidades de violencia intrafamiliar del Distrito Nacional y de todo el país.
Este artículo está dedicado a la magistrada Sandra Castillo, Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional.
