Faltaban semanas para las elecciones presidenciales de 1996. Recibí una llamada de Vitelio Mejía Ortiz, el director general de Migración en el último gobierno de Joaquín Balaguer. Con Vitelio tenía excelentes relaciones pues habíamos sido condiscípulos en la escuela de derecho, fue dirigente por algunos años en la Fuerza Nacional Progresista, y sobre todo, éramos buenos amigos, lo que seguimos siendo.
Quería invitarme en mi condición de diputado a una reunión con el asesor de la Organización Internacional de Migraciones, que había trabajado en el anteproyecto de Ley de Migración junto al equipo de la DGM y de la Secretaria de Interior y Policía. Días después visité la sede de Migración en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, mejor conocido como El Huacal.

Vitelio me presentó a quien era gran experto en migración, y además, había tenido un alto cargo en su país, Argentina, después de una dilatada carrera en el área.

Hablamos ampliamente de los problemas migratorios de República Dominicana y del mundo, así como de los contenidos del anteproyecto llamado a sustituir la Ley 95 de migración, vigente desde 1939. Cuando le pregunté si el mismo estaba conforme a las tendencias internacionales y a las normativas de derechos humanos, fue muy enfático sobre el carácter avanzado y previsor de la iniciativa. Estaba muy consciente de los complejos desafíos que teníamos los dominicanos como nación, con un vecino tan inestable y turbulento.

Vitelio me dijo que el presidente Balaguer tenía mucho interés en que se aprobara la misma con la mayor celeridad posible.

Aprovechamos, además, el encuentro para repasar momentos de la crisis internacional que experimentó la República con el bloqueo que impuso la ONU a Haití entre 1991 y 1994. Al final, me entregó un ejemplar del anteproyecto, con la encomienda de estudiarlo y formular observaciones a la mayor brevedad posible.
Querían que me involucrara en su aprobación, a lo que respondí afirmativamente sin reservas. Convinimos en que sería muy difícil someterlo en el proceso electoral, que lo prudente era esperar el resultado del mismo para remitirlo al Congreso.
Cuando Leonel Fernández ganó la Presidencia en segunda vuelta, volvimos a hablar. Pero el escenario político había cambiado: me dijo que el equipo de transición del PLD prefería que el proyecto se socializará antes de someterlo al Congreso.
Cuando comenzó la nueva administración del PLD fue designada la combativa Taína Gautreau. Tenía buenas expectativas de que se trabajaría en firme con los problemas migratorios. La visité, comprobé su buen predicamento, decisión y energía. Tenía el plan de organizar algunos seminarios académicos, lo que comenzó con un evento en INTEC, al cual fui invitado, asistí y participé.

Amenaza europea
Sin embargo, sucedió algo que cambiaría radicalmente las tendencias, y que evidenciaría el ánimo de grandes poderes foráneos de mediatizar o anular el ejercicio soberano del control migratorio dominicano.
A días de celebrar el 27 de febrero en 1997, la Dirección General de Migración había dispuesto repatriaciones de haitianos en situación migratoria ilegal en una cantidad algo superior a lo habitual.
Al parecer en esos mismos días se habían incrementado significativamente los flujos hacia la República, y se entendía que había que contrarrestarlos.
En ese contexto, el director de Lome lV, Martino Meloni emitió unas declaraciones contundentes desde Bruselas en las que amenazaba con suspender todos los programas de cooperación europeos si continuaban las repatriaciones hacia Haití.
Conocía a Meloni porque durante años fue el representante de la Unión Europea en el país, y con él habíamos trabajado tanto mi padre como yo una buena relación.
En la crisis de 1994, se comportó en forma respetuosa y muy comprensiva. Tenía muy claro el problema planteado por la condición de Estado Fallido de Haití.
Por lo tanto, en confianza lo llamé a Bruselas para indagar sobre los motivos de esa exigencia destemplada que nos hacía, a la vez que para recordarle que el control migratorio era una potestad del dominio reservado de cada Estado. Además, nos habíamos visto recientemente con motivo de una visita de una comisión de diputados a un evento del Parlamento Europeo.
Me respondió que ellos no podían aceptar esas repatriaciones porque existía el riesgo de desestabilización de Haití, que se encontraba en una situación muy volátil, y sobre todo, porque el Presidente Balaguer había firmado en la transición un acuerdo con el presidente Preval, para que las cuestiones migratorias se regularan con un carácter binacional.
Le protesté esa posición, recordándole que ese acuerdo no era vinculante por no haber sido sancionado por el Congreso, y que, además, era inconstitucional.
Preparé una carta pública denunciando esa posición colonialista europea, que sería suscrita por legisladores de todas las corrientes, así como para respaldar la continuidad de las repatriaciones. Ya había recabado más de 20 firmas, cuando recibí la noticia de que el gobierno dominicano suspendía las repatriaciones.
Cuando llamé a Taína Gautreau para indagar si era cierto, me confirmó que había recibido órdenes superiores de hacerlo. Estaba contrariada, pues, sabía lo que eso implicaba. Por mi lado también había sido informado de que no sólo los europeos estaban presionado con fuerza: los norteamericanos eran los más empeñados en esa imposición. En realidad eran y son la fuerza determinante de esa línea de aplastamiento de la soberanía dominicana.

Dormir en gavetas

Pero lo peor no fue que se paralizaran esas medidas de contención y repatriación, en un país que estaba enfrentando flujos anómalos de migración: el anteproyecto de ley de migración salió del ámbito de la Secretaria de Interior y Policía para pasar al control de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en la que sería “engavetado” por más de tres años.

Se había impuesto la visión dentro del Gobierno de que los asuntos migratorios con Haití debían abordarse en el ámbito de la Comisión Mixta Binacional, que se había acordado crear en el encuentro Balaguer- Preval, efectuado en julio de 1996 con los auspicios y condicionamientos de la Unión Europea y de Estados Unidos.

A partir de ese episodio, en los próximos tres años, no volvió a hablarse de la Ley de Migración, pues la política del gobierno del PLD era discutir con las autoridades haitianas unos protocolos de repatriación. Esta tarea la asumiría directamente el embajador Wensceslao Guerrero Pou, encargado de asuntos haitianos de la Cancillería.
Cuestioné esa decisión que estimaba errada, ya que mandaba una mala señal de que estamos cediendo a presiones externas en una materia que, si bien tenía gran incidencia en las relaciones dominico-haitianas, debía manejarse como una cuestión interna, del dominio reservado del Estado. Además, se había hecho al margen del Congreso que era el órgano constitucional con competencia para decidir sobre la materia migratoria.
En lo personal se me planteó un dilema: o someter el proyecto de Ley de Migración o esperar que lo sometiera el Poder Ejecutivo después que se concertarán los acuerdos bilaterales.
Por la naturaleza de esa iniciativa de sobra sabía qué era perder el tiempo someter la Ley de Migración sin un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias.
Me dediqué con ahínco a impulsar dos proyectos de ley muy relevantes para enfrentar los desafíos en ese frente, y que en gran modo eran complementarios a la ley de migración.
El primero buscaba criminalizar la organización de los viajes ilegales desde y hacia el territorio nacional. Un trágico naufragio ocurrido en La Romana permitió crear condiciones para que se aprobara después de un positivo trabajo de comisión, dirigido por el diputado Tonty Rutinel.
Pero luego sufrí una gran frustración ya que sólo se aplicó en algunos casos de viajes ilegales hacia Puerto Rico y los Estados Unidos, y en forma muy benigna. En la frontera domínico-haitiana los organizadores de viajes estaban muy protegidos por autoridades locales, así como también por la falta de interés del Ministerio Público.Esa ley pronto fue letra muerta, en gran modo porque atacaba a fondo las estructuras de tráfico transfronterizo que operan en base a altos niveles de corrupción.
El otro proyecto de ley muy importante era el que buscaba reforzar, en especial, con coordinación institucional y mayores sanciones, las normas de nacionalización del Código de Trabajo.
Ese proyecto lo elaboré con la asesoría del gran laboralista doctor Lupo Hernández Rueda, uno de los padres del Código de Trabajo. En la Cámara de Diputado se llegó a votar varias veces, pero los intereses creados se las ingeniaban para bloquearlo en el Senado, en el que nunca fue considerado.

UN APUNTE

Acuerdo Washington
Desde la Cancillería dominicana se desarrolló una labor de negociación con Haití, que al cabo de tres años se concretó en protocolos para la repatriación de haitianos, que tal y como habíamos advertido resultaron en nada.

En cambio, yo tenía una apreciación distinta: al embajador Wenceslao Guerrero, le dije que no debíamos celebrar como un logro que las autoridades haitianas reconocieran el derecho de República Dominicana a repatriar, y que constituía una pérdida de tiempo esa negociación.

Era un error negociar con Haití al margen del acuerdo de Washington de 1938 y el Modus Operandi de 1939, que eran los dos instrumentos internacionales vigentes en las relaciones domíni