Recuerdo que el senador Darío Gómez fue asesinado por individuos condenados por sentencias judiciales y que se presumían recluidos en cárceles con seguridad, pero ningún funcionario ofreció explicación como resultado de una exhausta investigación determinando el establecimiento de responsabilidades a distintos niveles. A 15 años de esa afrenta todavía no se sabe el porqué esos delincuentes estaban en las calles, pero mucho menos del responsable intelectual de ese crimen.
Traigo el caso a colación con motivo del secuestro y robo de la yipeta de la defensora del pueblo, la señora Zoila Martínez, hecho cometido en la primera semana de noviembre y también por individuos condenados por tribunales dominicanos por la comisión de múltiples delitos criminales, sujetos que se presumían recluidos en cárceles seguras.
Michael Lindor, Marcos Alejandro Cabrera Ortiz y Euddy Adinin Roa García fueron condenados a 20 años de prisión por graves hechos delictuosos. Los dos primeros fueron nuevamente apresados y el tercero es perseguido por la policía, por ser los responsables del repudiable secuestro y robo del vehículo de la funcionaria pública.
En el marco del ambiente de delincuencia y criminalidad que afecta a la sociedad dominicana lo ocurrido a la defensora del pueblo es un hecho más de los tantos que se registran en la geografía nacional. La alta repercusión y la eficiencia investigativa de la Policía Nacional es producto de la figura pública involucrada. Nuestra policía ha demostrado capacidad y rapidez cuando hay voluntad.
Lo que no tiene explicación es que todavía ningún funcionario judicial haya celebrado una conferencia de prensa exponiendo razones por las que delincuentes condenados se hallan en las calles ocasionando más daños a ciudadanos indefensos. Quisiera estar equivocado y posiblemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, el director de prisiones y el director general de la Policía Nacional recaban algunos datos para ofrecer un informe pormenorizados del caso.
Pero como en nuestro país no hay precedentes de denuncia y apresamiento de funcionarios civiles y militares —los denominados delincuentes de cuellos de blanco, que regularmente son los jefes de bandas delincuenciales de esta índole— lo más probable que el caso se quede en los rateros mencionados y finalmente se juegue al olvido como en el caso del senador Darío Gómez. ¿O no es así?
