HIGÜEY. La familia De Soto reclamó el pago de más de 20 millones de pesos que alegadamente le adeuda el Estado por una promesa de compra de más de 62 mil metros cuadrados de terreno donde funcionaba la zona franca de esta ciudad y donde se construye el liceo Profesor Juan Bosch.
El abogado Manuel Echevarría De Soto, representante de la familia De Soto, explicó que en el 2009 la Corporación de Fomento Industrial (CFI), hoy Pro-Industria, suscribieron un contrato por los terrenos ubicados en la parcela número 421, del Distrito Catastral número 10/6, de Higüey.
Afirmó que hasta la fecha Pro-Industria sólo ha pagado el inicial del 10% del valor acordado, por los 62,285.85 metros cuadrados que utilizaba el mencionado parque de zona franca y que en ese momento se acordó el pago de 22 millones de pesos.
Después de pagar ese inicial, en ningún momento la Corporación de Fomento Industrial o Pro-Industria, no ha aportado un sólo peso como pago a la familia De Soto, por lo tanto este contrato está ventajosamente vencido, señaló.
Acotó que hace el recuento porque ahora el Ministerio de Educación construye en los terrenos un liceo, con dinero aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a lo que la familia no se opone.
Sin embargo manifestó que las autoridades del Ministerio de Educación no han explicado bajó qué situación legal va a construir la edificación escolar en los terrenos señalados y que por lo tanto la familia desconoce la intríngulis de todo lo que ha sucedido.
En los terrenos, propiedad de la familia De Soto, funcionan actualmente las oficinas de la Dirección General de Aduanas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), una farmacia de Promese, Pro-industria, y la compañía Ghella, que construye el acueducto de la esta localidad.
