Los países desarrollados con un estado de derecho efectivo, por lo general tienen sistemas democráticos fuertes, políticas públicas, leyes y disposiciones firmes, supuestos a ser inquebrantables. Lo que es la razón de ser de toda sociedad organizada. Tal es el caso, que, cuando en una situación se extrapolan las normas, los límites, disposiciones o costumbres, los pueblos se encargan de exigir la restitución de la normalidad o alertar ante posibles desviaciones.
En las sociedades latinoamericanas, algunas con menos desarrollo que República Dominicana, cualquier sospecha de injerencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos de Seguridad Pública se convierten en un hecho alarmante, para la sociedad dominicana lamentablemente esto es indiferente y pasa desapercibido.
Hay experiencias recientes en Estados Unidos, El Ecuador, El Salvador, en España, entre otros, que nos muestra como actúan las sociedades civilizadas o que les interesa avanzar y respetar la institucionalidad del Estado.
Es evidente que ni en nuestra República Dominicana ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo los militares son la policía. Lo que tenemos es injerencias que cargan con el mal funcionamientos de estas instituciones, haciéndolas débiles y atrasadas.
La Constitución dominicana en su última reforma dejó algunas incongruencias en cuanto a los límites de funciones entre militares y policías que ponen en situación de alto riesgo el desarrollo del sistema democrático y la gobernabilidad ante las denominadas Nuevas Amenazas.
La Policía Nacional no debe continuar subordinada a las FFAA y dejando espacios legales difusos que faciliten continuar usurpando sus funciones policiales, que en caso de no revisarse y corregirse en la actual reforma de la Ley Orgánica de la Policial, se provocará un retroceso en el fortalecimiento democrático e institucional y a la vez se ocasionará un debilitamiento de la defensa de la República.
Cabe preguntarse: ¿Cuál es el objetivo de los centros de estudios y las academias, que durante tantos años se han desarrollado en las FFAA y en la PN, si el conocimiento obtenido y el debate de las ideas no pueden ser conocidos ni utilizados para beneficio de la sociedad? ¿Cuál es, entonces, la razón de ser millones y millones de inversión en capacitación?
¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los más altos mandos militares del país, asuman públicamente roles policiales y de auxiliares de justicia.?
¿Hasta cuándo seguirán nuestros militares en una doctrina atrasada de política de guerra fría o estado de guerra?
¿Hasta cuándo los militares entrenados con recursos del Estado, como los cazadores para proteger nuestras cordilleras y montanas, los SWAT y los antiterroristas para situaciones de emergencia nacional, infanteros, pilotos e ingenieros navales dejarán de cuidar espaldas, ser watchman en empresas públicas y privadas, dirigir el tráfico en AMET, cuidar hoteles y turistas en Politur, perseguir narcotraficantes, hacer redadas, chequeos ciudadanos y otras tareas de naturaleza policial?
Es inconstitucional e ilegal no asumir su rol militar, para el cual fueron entrenados y concebidos: proteger la soberanía e integridad nacional en su espacio aéreo, marítimo y terrestre fronterizo.
El debate sobre este tema debe seguir abierto. Por lo que invitamos a analizar y a reflexionar sobre estas barbaridades que buscan favorecer interés particulares contrarios al interés colectivo.
Dios te bendiga siempre.
