Washington, EE.UU, (EFE).- Una finca del senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), y su familia fue la supuesta base de operaciones de un grupo paramilitar en los años 90 del siglo pasado, afirmó hoy el centro de investigación independiente “National Security Archive” (NSA), con sede en Washington.
El NSA, que cita a varios extrabajadores de la finca “La Carolina”, apuntó en un comunicado en su página web que parientes del exmandatario, sobre todo su hermano Santiago, mantuvieron una presunta “relación cercana y amistosa” con el que se cree que fue líder de la organización paramilitar los “Doce Apóstoles”.
Destacó que “estas declaraciones son parte de un creciente cuerpo de prueba que sugiere que la familia Uribe estuvo directamente involucrada en el entrenamiento y la dirección de las operaciones de grupos fuera de la ley”.
La fuente indicó que los nuevos testimonios que han emergido sobre la finca de Uribe parten de una investigación sobre el fugitivo Jorge Alberto Osorio Rojas, que, de acuerdo a la Fiscalía colombiana, fue uno de los máximos dirigentes de los “Doce Apóstoles”.
Los testigos fueron localizados e interrogados por los investigadores después de que Santiago Uribe, arrestado en febrero de 2016 dentro de una investigación por un crimen perpetrado por grupos paramilitares, proporcionara al tribunal una lista con los antiguos empleados de la finca, donde se criaban toros de lidia.
De acuerdo al testimonio de los extrabajadores, Álvaro y Santiago Uribe presuntamente tuvieron una relación de amistad con Osorio Rojas.
Un exempleado, citado por el NSA, dijo que Santiago era “muy íntimo” y “muy amigable” con el presunto dirigente paramilitar, también conocido como Rodrigo o “El Mono”.
Preguntado por quién daba órdenes a Osorio Rojas, el extrabajador, cuya identidad no ofrece en el texto, afirmó: “Era Santiago”.
El pasado 15 de marzo, tras dos años de prisión preventiva, un juez puso en libertad al hermano del expresidente a la espera de juicio.
El NSA consideró que estas revelaciones pueden avivar las investigaciones de la Corte Suprema de Colombia, que en mayo pasado declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres perpetradas por paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, como parte de una indagación contra Álvaro Uribe.
Un tribunal de Medellín pidió en febrero pasado que se investigara a Uribe por su presunto conocimiento de las masacres de La Granja y El Aro perpetradas hace 20 años por paramilitares en el departamento de Antioquia (noroeste), cuando él era gobernador.
La matanza de La Granja dejó en 1996 cuatro muertos y decenas de desplazados; al año siguiente fue perpetrada la de El Aro, con 15 víctimas mortales; y en 1989 se registró la de San Roque, cometida por el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste con siete asesinados.
En mayo también se conoció que Álvaro Uribe fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90, según documentos desclasificados del Departamento de Estado.
Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.
De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al Gobierno de EE.UU. que Uribe había recibido “financiación” para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar.
