Hace un par de semanas, la directora ejecutiva del Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Anina del Castillo, solicitó a la Fiscalía del Distrito Nacional iniciar investigaciones para determinar la legalidad de las operaciones de la página en Internet MyTradeCoin, dedicada a la comercialización del denominado dinero electrónico.

La entidad elevó una acción pública a instancia privada para que se avale la autorización judicial correspondiente, a fin de cerrar el “web side” de la empresa bajo el fundamento de riesgo para los intereses económicos de los consumidores.

Esta clase de operaciones son una novedad de las tecnologías de la información y se caracteriza por no estar respaldadas por ningún gobierno ni poseen la confianza de un emisor central.

En otras naciones se han registrado pérdidas en el patrimonio de los consumidores y usuarios por la volatilidad del tipo de cambio, los errores de software, virus informáticos, ataques a cuentas o denegaciones de servicios.

Por esa razón, Proconsumidor atendiendo al espíritu preventivo de su misión institucional, ha acudido al Ministerio Público para que de forma conjunta investigue esas operaciones en el país.

De antemano, la directora del organismo advierte que los convenios digitales mediante los cuales se realizan esos negocios no se encuentran inscritos en el registro de esa institución para los contratos por adhesión, por lo que pudieran contener cláusulas que impliquen prácticas deshonestas y lesivas al interés de los usuarios.

La decisión de la doctora Del Castillo no sólo es correcta, sino que es una excelente oportunidad para recuperar la cooperación del Ministerio Público y Proconsumidor en la tutela de los derechos de los consumidores.

La Ley 358-05, de Proconsumidor, dispone en su artículo 133 que el Ministerio Público y Proconsumidor son los órganos encargados de llevar a la justicia penal a quienes defrauden a los ciudadanos.

Pese a ello, la Procuraduría General de la Pública y la Fiscalía retiraron el fiscal especial que auxiliaba a Proconsumidor en sus acciones en defensa del interés de los consumidores y del orden público.

El Derecho Penal del Consumo es una realidad social que busca tutelar un orden público económico relacionado con bienes jurídicos como la salud, la seguridad o los intereses económicos de los consumidores vistos colectivamente.

Hoy día son disímiles los tipos penales que pueden afectar los consumidores. Desde operaciones financieras, la comercialización de productos comestibles y agropecuarios, medicamentos y ahora el infinito campo del mundo digital.

Proconsumidor hace bien con tutelar estos aspectos de los derechos de las personas y el Ministerio Público debería restablecer los cauces de comunicación institucionales.