El director de Impuestos Internos dibujó un cuadro complicado sobre el sistema tributario dominicano, al definirlo de “inequitativo, ineficiente e insuficiente”, además de denunciar que aquí se desvirtúa la fiscalidad y el esquema de exenciones fiscales.
Dicho en otras palabras, el doctor Magín Díaz considera que los altos niveles de evasión y elusión fiscal, asociado al aprovechamiento indebido del gasto tributario, trastornan en forma severa todo el ensamblaje de la Administración Tributaria.
En su charla ante la Cámara Americana de Comercio, el director de la DGII mantuvo el índice sobre una añeja llaga de inequidad e impunidad en el ámbito tributario que ha sido causa principal de que República Dominicana figure entre los países del continente con menor presión fiscal en proporción al PIB.
Lo revelado por el funcionario de que un estudio reciente del FMI determinó que la productividad del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis) es una de las más bajas del mundo, refleja el elevado nivel de elusión que afecta a la fiscalidad nacional.
También se señala que apenas el 14% de los trabajadores formales tributan el impuesto sobre la renta, lo que se atribuye a los bajos salarios y a tipos de fraudes fiscales, pero el principal elemento de evasión fiscal se relaciona con las utilidades o rentabilidad empresarial o corporativa.
Las exenciones y exoneraciones fiscales que otorga el Gobierno ascienden a más de 200 mil millones de pesos anuales, recursos que se extravían en acantilados de distorsión y fraude, como los casos señalados por el director de la DGII sobre la importación de carros de súper lujo amparados en impuestos únicos.
La evasión y elusión fiscal, así como la distorsión del gasto tributario, junto a la deficiente gestión de la Administración Tributaria constituyen causa principales de la baja presión fiscal que también se traduce en reducción de los ingresos públicos y por consiguiente de la carencia de recursos para afrontar reclamos y necesidades de la población.
El Estado está compelido a afrontar y reducir a su mínima expresión la evasión y elusión fiscal, así como revisar y reducir exenciones y exoneraciones como forma de incrementar la presión tributaria y los ingresos, a través de una fiscalidad “equitativa, eficiente y suficiente”.
