Mucho se ha escrito y hablado, con razón o sin ella, acerca del uso inapropiado que algunos funcionarios suelen darles a los fondos públicos. Que no son más que asignaciones o recursos financieros, contemplados en el Presupuesto General del Estado, que corresponden a las instituciones gubernamentales (autónomas, descentralizadas o no) para ser administrados por funcionarios competentes para así poder cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos para el buen funcionamiento de dichas instituciones. Fondos que durante todo un año han de ser gastados dándole importancia capital a la planificación, programación, ejecución y evaluación

En efecto. Puesto que son millones de dinero que llegan a las instituciones bajo el entendido de que cada una de ellas cumplirá estrictamente con el rol para el cual ha sido creada. Ahora bien, se supone que ni un centavo de esa enorme cantidad de dinero puede perderse en mitad del camino y, mucho menos, puede ser desviado para ser gastado de manera antojadiza por ningún hombre o mujer que esté a la cabeza de una institución gubernamental.

Resulta que ese dinero no le pertenece a ningún funcionario, ni a sus familiares ni a sus amigos. Nunca podrá ser de su propiedad porque, sencillamente, ese dinero proviene de las arcas del Estado y, por lo tanto, es dinero del pueblo dominicano.

Lamentablemente, esos fondos siempre han sido apetecibles por los autores y cómplices de la corrupción administrativa que tanto daño le ha causado a nuestra sociedad. Y como resultado, son muchas las obras de infraestructura y de servicios públicos que no han podido desarrollarse porque al Gobierno le ha faltado dinero para construirlas; muchas las políticas públicas planificadas y ejecutadas que se han visto debilitadas, tomando malos derroteros y dejando efectos desastrosos en perjuicio de la población más necesitada.

En consecuencia, la inmensa mayoría se ha visto precisada a vivir bajo un régimen de austeridad forzosa, en una marginación social involuntaria, digamos que, dentro de las burbujas de la precariedad y la pobreza, rodeado de una existencia futura no muy generosa para los miembros de la familia, en términos de desarrollo social y económico.

Los efectos negativos de los desvíos depravados de los fondos públicos hacia manos ocultas y corruptas (personas físicas o jurídicas, públicas o privadas) no sólo tienden a magnificar la brecha de la desigualdad, provocando el aumento del nivel del desempleo y de la pobreza; sino que, además, actúan como agentes catalizadores de infelicidad y de estallidos sociales. Debemos de tener mucho cuidado con eso para que luego no nos lamentemos.