De manera errónea existen funcionarios públicos que al ser nombrado mediante decreto por el presidente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, consideran que están por encima del bien y del mal.

Por tanto, poco les interesa conocer a profundidad la Ley 41-08 de Función Pública y sus Reglamentos de aplicaciones, y muchos menos hacer actos de presencia en seminarios, talleres o cursos de esos que imparte el Ministerio de Función Pública (MAP) o el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Lo que sí resulta común entre ellos, por lo regular en las primeras semanas después de haber ocupado el puesto, es separar de sus funciones a empleados públicos (altos, medianos y bajos)para entonces sustituirlos por aquellas personas que pasarán a conformar lo que comúnmente conocemos como “su equipo de trabajo”.

Ni siquiera se preocupan por conocer acerca de la capacidad, formación, integridad o méritos de dichos servidores en el ejercicio de sus funciones; tampoco enterarse si actúan apegados a los principios de eficiencia, objetividad y transparencia, siempre en defensa de la institución,en aras degenerar confianza política y, al mismo tiempo, reconocimiento por parte de la ciudadanía.

Que la intención no es pretender coartar la libertad o el derecho que posee cada funcionario de trasladar o sustituir a aquellos empleados que él entienda necesario. No se trata de eso. El error infantil está en mandar a cancelar a servidores públicos calificados, honestos, con mostrada prueba de lucha contra la corrupción en la institución.