SANTO DOMINGO.- Con la participación de representante gubernamentales y de la sociedad civil de Centroamérica y República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo realizó un debate de la relación entre el tráfico de armas y la violencia armada, en el marco de la conferencia regional “Violencia armada y poblaciones vulnerables: Mejorando el control de armas y a prevención de la violencia en América Central”.
La actividad fue organizad por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana. Cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia.
El encuentro, que finaliza el este viernes, forma parte del seguimiento a la conferencia “Violencia armada y poblaciones vulnerables: Mejorando el control de armas y a prevención de la violencia en América Central”, efectuada en noviembre del 2015 en la ciudad de Panamá.
La directora académica de la Fundación Arias por la Paz y el Progreso Humano, Ana Yancy Espinoza, presentó una investigación sobre el tráfico de armas en Centroamérica, y reveló que esta actividad genera 1,000 millones de dólares al año.
Según la especialista, el tráfico de armas es una actividad dinámica, la cual se desarrolla con la “Ley de la oferta y la demanda, que trae como consecuencia una gran cantidad de denominaciones criminales que se relacionan con los negocios que realizan”, indicó.
“La delincuencia de este tipo puede llegar a desestabilizar países y regiones enteras, ocasiona un aumento en el gasto público por concepto de seguridad y en servicios policiales”, apuntó Espinoza.
Dijo que los orígenes de la violencia actual tienen que ver con la delincuencia común, el incremento del crimen organizado y las malas relaciones interpersonales.
“De hecho, en muchos de los países alrededor del 63% de los eventos de violencia que se producen y en especifico los homicidios que se originan se dan en situaciones donde la gente se conocen y en espacios de confianza”, sostuvo la directora.
Sobre la adquisición de las armas para el tráfico, dijo que se obtienen de los excedentes que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía, también, de países que renuevan todo su material militar.
Mayda de León, coordinadora del Programa de Seguridad Humana del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), comentó que a pesar de que la violencia armada ha disminuido, “esta continua ocupando el mismo espacio o un poquito más del que tenia antes, esto quiere decir que todavía hay que tener más atención sobre el tema”.
La mayoría de las víctimas de la violencia armada en Guatemala se ubican en las edades entre 18 y 35 años. “Tanto las victimas como los victimarios se encuentran en este rango de edad”, dijo De León.
En cuanto a la atención a las víctimas, afirmó que en Guatemala hay dos hospitales que están sobre pasados de su capacidad y cada vez más los médicos están siendo conscientes de revelar la información sobre los pacientes que reciben por violencia armada.
La realidad de El Salvador fue presentada por Dina Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Indicó que más del 90% de las víctimas de la violencia son hombres jóvenes. “En el país el rostro de la violencia es joven”, señaló.
Danilo Valdez, del Ministerio de Interior y Policía, habló sobre la “Incautación y tipos de armas”. Manifestó que la mayor cantidad de armas que entran a la República Dominicana provienen de los Estados Unidos.
La frontera con Haití es otra de las vías para el comercio ilegal. “No hay un chequeo 100% de las personas que entran a territorio dominicano, porque cuando se abre la frontera ellos cruzan y retornan, y es aquí donde se produce el tráfico de armas y de personas”, argumentó Valdez.
Sobre el panorama de Honduras, la investigadora Leyla Díaz se refirió al impacto que tienen las armas de fuego. “El 46% de los hondureños consideran que el porte y tenencia de las armas de fuego es una necesidad, se están constituyendo en un mecanismo de seudonecesidad”, afirmó Díaz.
Vicente Archibold, de Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) de Panamá, expuso sobre la violencia armada y poblaciones vulnerables. Aseguró que Panamá ha servido como país de tránsito, lo que provoca que haya “tráfico hormiga”, porque no se revisan a todas las personas que ingresan a esta nación.
“El sistema de salud se ve afectado por el número de víctimas de la violencia armada. Este fenómeno, que se da en varios países de Centroamérica, tienen efectos negativos en el gasto de los hospitales”, manifestó Archibold.
Josefina Reynoso, directora del CEDESE, agradeció la participación de los expertos nacionales e internacional. Dijo con la Conferencia se buscan crear propuestas en beneficios de los países de Centroamérica y el Caribe.
Rosa Chiffino, encargada de Control de Armas del Ministerio de Interior y Policía, expresó su deseo de que “el intercambio de experiencias permita fortalecer nuestras capacidades para propiciar iniciativas de alto impacto y sostenibles que optimicen el control de armas y la prevención de la violencia armada en la región”.
Los paneles, que se desarrollarán hasta el viernes 2, son “Registro de armas”, “Rutas de tráfico y modus operandi”, “Retos en la implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas” y “Retos en las transferencias: Aduanas”.
