Las recaudaciones ordinarias del Gobierno crecieron en enero en un 12% con respecto al mismo mes de 2017, y en términos absolutos ascendieron a $47,057.4 millones, incluidos ingresos tributarios por venta de acciones de una industria cervecera, lo que elevó el porcentaje a un 25%.
Se puede decir que la Administración Tributaria inició el año con buen pie, con amplias posibilidades de superar la meta alcanzada el año pasado de 52 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esas estadísticas parecen dar razón al Gobierno de posponer sin fecha la discusión en torno a una reforma fiscal, en razón de que el problema de bajas recaudaciones se puede al menos aliviar por el lado de incrementar la eficiencia tributaria.
El déficit fiscal del Gobierno central estimado para 2018 sería de unos 79 mil millones de pesos, equivalentes al 2.3% del PIB, muy superior a los 52 mil millones adicionales recaudados el año pasado (1.2%) y claramente imposible de suplir en 2018 por vía de más captación de impuestos.
Gobierno y liderazgo empresarial parecen diferir en la forma de afrontar el déficit fiscal, porque uno cree que debe ser por el lado de los ingresos y otro por el del gasto público, aunque lo ideal sería que se abordara por ambos flancos y por el lado de más eficiencia en las recaudaciones.
El nivel ideal de presión fiscal (proporción de lo recaudado con respecto al PIB) se eleva al menos a un 18%, pero con su programa de combate a la evasión y elusión fiscal, las autoridades apenas lo llevan de un 13.5% a un 15%, por lo que en cualquier escenario se requiere de consenso para alcanzar el próximo nivel.
Sin la absoluta garantía oficial de que se gestiona un gasto público de calidad, con apego a la ley, no sería posible ni ahora ni en el futuro inmediato que todos halen la cuerda en dirección a una reforma fiscal, aunque es claro que, en lo que el hacha va y viene, el Gobierno procurara mayores ingresos con los instrumentales tributarios disponibles.
Gobierno, clase política y empresariado deberían mostrar suficiente madurez y sensatez como para identificar mecanismos institucionales adecuados que garanticen una fiscalidad responsable basada en la equidad y el manejo de un gasto público sustentado en transparencia, calidad y legalidad. Que así sea.
