Las personas que apelamos por la despenalización del aborto en casos específicos, cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o incesto, y cuando el producto de la concepción es inviable fuera del útero, no pretendemos que las iglesias nos apoyen. La libertad de expresión es un derecho ganado con sangre en nuestro país.
Echémosle una ojeada a la realidad en concreto. Para muchas religiones tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecando, sin embargo el poder legislativo no toma cartas en el asunto, y tener sexo sin estar legalmente unido no es un delito. Si fuese así, muchos dominicanos y dominicanas violarían esta hipotética ley.
De igual manera, muchas religiones consideran un pecando el uso de métodos anticonceptivo. Para estas creencias, el fin del acto sexual es la reproducción. Tener relaciones sexuales con el único objetivo de compartir el amor y el deseo sexual, o simplemente disfrutar del sexo por sexo, evitando un embarazo, es un pecado. Sin embargo no es un delito. A ningún legislador o legisladora se le ocurre penalizar el uso de métodos anticonceptivo. Que las y los parroquianos respeten las normas de su capilla es otra historia.
El divorcio, no por fornicar es pecado según Mateo 5:32. Divorciarse para algunas religiones es pecando, o no está bien visto. Sin embargo, el divorcio es una realidad a la luz de todos y todas, los índices de divorcio son altísimos. Alrededor del 50 por ciento de los matrimonios fracasan y terminan disueltos. A nadie se le ocurre penalizar el divorcio.
De igual forma, es preciso que el poder legislativo separe lo que es delito, de los que es pecado, respetando los derechos humanos. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos.
El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad, es un derecho humano.
Las niñas y mujeres violadas y embarazadas, las que ponen en riesgo su salud o su vida a causa de un embarazo, tienen el derecho a decidir continuar o no con el agresor, que en estos casos es el embarazo.
La iglesia es la única institución que no ha asumido los derechos sexuales y reproductivos. República Dominicana espera un código penal que respete los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida de las mujeres pobres.
