Como país, hemos avanzado en el reconocimiento de la violencia basada en el género contra la mujer, contando con un sistema de atención con mucho que agregar, una base trabajada desde la sociedad civil y el Estado en una coordinación de esfuerzos que es lenta e insuficiente.

Esta vinculación entre las organizaciones de mujeres y los gobiernos se mantiene -con dificultades, altas y bajas- por la voluntad de personas y grupos que entienden la importancia de la conexión de esfuerzos mixtos para crear, aplicar y mantener las políticas públicas necesarias de contención del fenómeno de la violencia basada en el género contra las mujeres.

Los principales problemas que actualmente enfrentan las dominicanas, remiten a estas violencias: acoso, violaciones sexuales, maltrato y muerte, y las estructuras de atención están cada vez más desbordadas de víctimas que en su ruta crítica, muchas veces son inmoladas.

Además, los altos índices de mortalidad materna y la tasa de embarazos en adolescentes, entre otras cosas, indican la falta de acceso a los anticonceptivos, fuera del paquete de medicamentos esenciales en las farmacias populares. Nuestra currícula escolar no incluye información ni orientación adecuada y suficiente sobre educación sexual integral, negándosele a la niñez dominicana el derecho fundamental a conocer sobre su propia sexualidad para ejercerla un día, con responsabilidad.

De los esfuerzos coordinados, hay dos proyectos de ley que esperan para ser votados, depositados en el Congreso dominicano desde finales de 2013, a través de las Comisiones de Género y de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, y ahora, más que nunca es urgente establecerlos como ley.

Uno, el proyecto de ley orgánica para la “Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer”, plantea la creación de un sistema integral de atención a la violencia contra la mujer, coordinado por todas las instituciones gubernamentales que trabajan con estas violencias, siendo el Estado quien deba definir, impulsar y evaluar las acciones necesarias para su contención, como lo establece la Constitución dominicana. Ministerios como los de Educación, Salud y Cultura, están llamados a incorporar políticas en sus programas, para modificar los siniestros resultados de la violencia contra las mujeres.

El otro proyecto es de la ¨Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva¨, un marco jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas, la prevención y atención de la salud en esas áreas y también, las sanciones a la violación de estos derechos.

La vida de las dominicanas, en manos de quienes legislan.