POR: Hugo A. Ysalguez
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La decisión del gobierno dominicano de prohibir las deportaciones de haitianos ilegales, viene a confirmar el criterio que, desde hace más de seis décadas, sostiene la izquierda dominicana, en el sentido de que nuestro país es dependiente de potencias extranjeras, y por vía de consecuencia, no tenemos soberanía.
El hecho de aceptar imposiciones de Estados Unidos, Francia y Canadá es una muestra fehaciente de que no tenemos derechos a la autodeterminación como pueblo, y que vivimos bajo la tutela de fuerzas foráneas que intervienen en nuestros asuntos internos. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana, se sustenta en el artículo 184 de la Carta Magna, que expresa “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.…”.
El texto en cuestión obliga al gobierno dominicano a cumplir fielmente con el mandato de esa sentencia, y bajo ningún concepto, puede introducir leyes adjetivas que entren en contradicción con el veredicto, toda vez que estaría desconociendo las facultades de la alta corte. Causa sorpresa que voceros gubernamentales hablen de la elaboración de un proyecto de naturalización para beneficiar a más de un millón de haitianos indocumentados a contrapelo de la Ley de Migración que traza las normas para adquirir la ciudadanía dominicana, previamente a la adquisición del derecho de residencia por un período mínimo de dos años.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez tronó, al pronunciar la homilía con motivo del día de la Altagracia, en la catedral, cuando dijo que la medida del presidente Danilo Medina de paralizar las repatriaciones de haitianos ilegales “no tiene ni pies ni cabeza”.
