Está ventajosamente vencido, el plazo al plan de regularización de extranjeros, establecido mediante decreto del Poder Ejecutivo, sustentándose en la ley 285-04 de Migración, y ahora se decide extender su vigencia para beneficiar a millones de haitianos que han entrado al país en los últimos meses, principalmente en los días recientes, amontonándose en innumerables lugares del territorio nacional.
La extensión del plan deviene en ilegal y violatorio de la Constitución de la República, pues ningún organismo que no sea Congreso, tiene facultad para elaborar textos legales. Los haitianos gozaron de un plazo de 18 meses para regular su situación, y la mayoría no cumplía con los requisitos exigidos, lo que impedía adquirir una documentación legal, que en modo alguno los dotaba de la nacionalidad ni de la residencia para vivir en el país.
La decisión del Consejo Nación de Migración es violatoriaa los artículos 25 y 93 de la Constitución, dado que el régimen de extranjería está sujeto a control de nuestra Carta Magna, razón por la cual la competencia de su regulación concierne estrictamente a las cámaras legislativas.
El Consejo Nacional de Migración se colocó al margen de la ley, al patrocinar una prórroga del plazo que venció el 15 de mayo del 2015. En el fondo de estas pretensiones, auspiciadas por la Unión Europea, se busca detener las repatriaciones, interviniendo de manera grosera, en los asuntos internos de los dominicanos, quitándonos la autoridad para manejar el control migratorio.
Las deportaciones deben continuar, sin descanso, sin dejadez y sin desgano, pues la tarea es larga debido a que más de tres millones de ilegales tienen ocupada una gran proporción de nuestro suelo, constituyéndose en mayoría en cinco provincias fronterizas, y en algunas demarcaciones de la región Este del país, donde han llegado a izar la bandera haitiana, sepultándose nuestros valores y tradiciones que configuran nuestra identidad.
Es encomiable la labor del Ejército, auxiliando a los inspectores de Migración, en las deportaciones de los haitianos que se apoderaron de Santiago. Allí, los parques, avenidas, plazas y los espacios públicos utilizados para venta de chucherías, lucen despejados .Las autoridades no tenían alternativas, puesto que los santiagueros estaban dispuestos expulsar los haitianos con sus propios recursos, como ya lo habían hecho en el pasado.
Las redadas contra los ilegales no se sienten en el Gran Santo Domingo, puesto que aquí andan por doquier haciendo y deshaciendo, evacuando y orinando en las vías públicas, sin un régimen de consecuencias. Las acciones delictivas en la capital van en aumento, y los autores de tales actos huyen hacia Haití, luego de cierto tiempo, retornan y se asienten en otros sitios, lejos de donde han cometido sus hechos punibles.
Muchos dominicanos, especialmente, profesionales de distintas disciplinas, se están organizando y preparando estrategias para combatir la inmigración ilegal. El gobierno no debe esperar que haya un desenlace matizado por la violencia, cuyos resultados podrían ser trágicos.
