Por momentos, cualquiera se siente tentado a creer que la República Dominicana ha tocado fondo, en lo que se refiere a la comisión de actos de corrupción.
Son pocas las instituciones gubernamentales, y los políticos, que escapan al señalamiento popular de ser responsables de alguna acción fraudulenta o, por lo menos, de apadrinar, que es lo mismo, hechos dolosos en la administración de los bienes del Estado.
Creo, a veces, que incursionar en la política o acceder a un puesto público, es suficiente para que un lenguaraz te meta en el saco de los corruptos el día menos pensado.
La crisis moral es una realidad incontrovertible en nuestro país.
Los corruptos abundan, tanto en el área pública como en el área privada.
Naturalmente, los depredadores del patrimonio público son más sobresalientes, porque usan y abusan de los bienes que les han sido confiados y de los cuales deben ser garantes.
Guardo respeto por los trabajos de investigación, que realizan algunos comunicadores y medios de comunicación.
Sin embargo, y pese a los hallazgos, pienso, que muchos de estos esfuerzos profesionales pecan de ser selectivos y hasta sectarios.
La lucha contra la corrupción y contra los corruptos, debe ser total y permanente. En este combate, la prensa, las autoridades, la sociedad civil, las iglesias y a cuantos nos duela el país, tenemos que aunar voluntades y acciones, para ponerle coto al desenfreno existente.
A pesar del ruido, todavía me parece que los dominicanos y dominicanas serios y honestos superan ampliamente a los sin vergüenzas. Una visión retrospectiva nos dice que las imputaciones de corrupción casi siempre giran alrededor de las mismas gentes, en lo público y en lo privado.
Los mecanismos de control no funcionan en el país. La Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, son instituciones dependientes del poder Ejecutivo, y en esas condiciones es imposible que puedan cumplir las funciones que les acuerdan la Constitución y las leyes.
Una prueba al canto es que, salvo excepciones, en todos los gobiernos, los incumbentes de Aduanas, la Lotería Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos, Ayuntamientos, Obras públicas, Agricultura, y las demás instituciones que manejan dinero, sus titulares y colaboradores más cercanos, terminan haciéndose ricos.
En otras instancias oficiales, en las que se toman decisiones importantes, el tráfico de influencias es visible, lo que permite a sus jefes conseguir dinero con facilidad.
Si los controles son inefectivos, no hay ni habrá forma de detener la corrupción. Y si al descontrol se suma la impunidad, a Dios que reparta suerte.
