Editorial

Imposible

Imposible

El Gobierno tendría el respaldo unánime  de la  sociedad si, a pesar de  la anarquía que pretenden imponer mafias choferiles, persiste en el propósito de dotar a la nación de un sistema de  transporte de pasajeros seguro y de calidad.

La primera línea del Metro es ya una realidad que ha costado muchos sacrificios a los contribuyentes, por lo que  resulta  impensable que las rutas de autobuses alimentadoras de ese sistema sean entregadas como botín a grupos que ejercen el bandolerismo como arma de presión.

Es por eso que  la ciudadanía respalda a todo pulmón la advertencia del secretario de la Presidencia de que quienes estén comprometidos con el desorden y el caos no tienen derecho a participar en el proyecto del Metro.

Las autoridades no deberían permitir que bandas organizadas agredan  choferes y pasajeros  a los que impiden transitar por las vías públicas o montar carros y guaguas que  desoyen sus llamados a paros sorpresivos en el transporte.

Ningún alegado derecho puede reclamarse o pretender imponerse  sobre la base de la violencia, agresión caos y anarquía, como es lo que promueven grupos choferiles que reclaman extender hasta el Metro el desorden que patrocinan por todas partes.

El Gobierno está en obligación de garantizar a los ciudadanos un sistema de transporte público de calidad, asequible, seguro, confiable,  que sería la  antítesis del desastre que monopolizan los mentados dueños del país.

Las rutas alimentadoras de la primera línea del Metro no pueden ser operadas por gente  que es capaz de  promover acciones de salvajismo, como la de  agredir a conductores y pasajeros, destruir vehículos, provocar entaponamientos y otros tipos de  alteraciones del orden público.

Ese sistema de trenes está concebido con los más elevados  estándares de organización, control y calidad, al punto de que su dirección ha sido confiada a técnicos españoles, con la encomienda de que sea operado como si fuera la línea número 13 del Madrid.

Sería, pues, un absurdo que ese escenario de orden y respeto a la dignidad ciudadana se ponga en manos de seudo empresarios del transporte que canibalizan todo lo que tocan. Al menos en esta oportunidad,  el Gobierno está compelido a sujetarse los pantalones.

El Nacional

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