El Gobierno tendría el respaldo unánime de la sociedad si, a pesar de la anarquía que pretenden imponer mafias choferiles, persiste en el propósito de dotar a la nación de un sistema de transporte de pasajeros seguro y de calidad.
La primera línea del Metro es ya una realidad que ha costado muchos sacrificios a los contribuyentes, por lo que resulta impensable que las rutas de autobuses alimentadoras de ese sistema sean entregadas como botín a grupos que ejercen el bandolerismo como arma de presión.
Es por eso que la ciudadanía respalda a todo pulmón la advertencia del secretario de la Presidencia de que quienes estén comprometidos con el desorden y el caos no tienen derecho a participar en el proyecto del Metro.
Las autoridades no deberían permitir que bandas organizadas agredan choferes y pasajeros a los que impiden transitar por las vías públicas o montar carros y guaguas que desoyen sus llamados a paros sorpresivos en el transporte.
Ningún alegado derecho puede reclamarse o pretender imponerse sobre la base de la violencia, agresión caos y anarquía, como es lo que promueven grupos choferiles que reclaman extender hasta el Metro el desorden que patrocinan por todas partes.
El Gobierno está en obligación de garantizar a los ciudadanos un sistema de transporte público de calidad, asequible, seguro, confiable, que sería la antítesis del desastre que monopolizan los mentados dueños del país.
Las rutas alimentadoras de la primera línea del Metro no pueden ser operadas por gente que es capaz de promover acciones de salvajismo, como la de agredir a conductores y pasajeros, destruir vehículos, provocar entaponamientos y otros tipos de alteraciones del orden público.
Ese sistema de trenes está concebido con los más elevados estándares de organización, control y calidad, al punto de que su dirección ha sido confiada a técnicos españoles, con la encomienda de que sea operado como si fuera la línea número 13 del Madrid.
Sería, pues, un absurdo que ese escenario de orden y respeto a la dignidad ciudadana se ponga en manos de seudo empresarios del transporte que canibalizan todo lo que tocan. Al menos en esta oportunidad, el Gobierno está compelido a sujetarse los pantalones.