Resulta inconcebible que un funcionario sugiera derogar o modificar una ley bajo el argumento de que no se cumple o para que tenga un efecto contrario al que fue instituida, como ocurre con el ministro de Trabajo y la normativa laboral que establece que el 80% de la mano de obra contratada debe ser dominicana.
El licenciado José Ramón Fadul (Monchy) admite que esa ley no se cumple por lo que debe ser objeto de una revisión “dada la realidad que tenemos en la construcción y en el campo agrícola”, donde la mano de obra nativa ha sido desplazada por la extranjera, principalmente haitiana.
El ministro de Trabajo pide que sea suprimido o modificado un estatuto de ley sobre el cual admite incompetencia para hacerlo cumplir, y pretende justificar esa negligencia con el señalamiento de que más de dos millones de dominicanos han emigrado a Estados Unidos, Sudamérica y Europa en busca de trabajo.
Esa es una comparación descabellada porque los dominicanos que emigran están obligados a cumplir con las leyes laborales o de cualquier otra naturaleza de las naciones que los acogen, ninguna de las cuales cambia un estatus legal porque se declare incompetencia para hacerlo cumplir.
Resulta altamente ofensivo que el ministro Fadul refiera que a Estados Unidos han emigrado un millón 500 mil dominicanos, incluidos mujeres “que también van a parir”, como una manera de justificar los tours de parturientas haitianas que abarrotan las maternidades públicas.
Ese funcionario debería saber que ninguno de los países receptores de la migración dominicana confronta el drama de compartir frontera terrestre con un Estado fallido, abandonado a su suerte por la comunidad internacional, acosado por galopante desempleo, hambre, enfermedades y marginalidad extrema.
Tampoco debería ignorar que el desempleo global en República Dominicana ronda el 15%, uno de los más altos de la región, pero sobre todo, que su obligación es hacer cumplir la normativa que establece que en toda unidad productiva la proporción de mano de obra dominicana debe ser de 80-20 respecto a la extranjera.
Las afirmaciones y sugerencias del ministro de Trabajo se definen como atropellantes, abusivas, irrespetuosas e inaceptables que, por demás, colocan al Gobierno en una incómoda posición respecto a su misión fundamental de defender y proteger el interés nacional.
