Toda discusión en materia constitucional es buena. Es como los torrenciales aguaceros, especialmente en los campos y para los terrenos agrícolas, siempre deja más de lo que se lleva. Poco importa que las premisas que sirven de base al debate sean equivocadas o correctas. Si son erróneas, aprenderemos. Y si esas proposiciones son acertadas, entonces terminarán alumbrando otras oscuridades, más allá de las cuestiones tratadas.
Es bueno admitir que en nuestro país, todo el mundo es experto en todo. Basta con que se le dé la oportunidad de hablar sobre el tema más intrincado, y del que el sujeto nunca se ha ocupado, para que lo veamos pontificar como el mejor de los especialistas.
Aunque nos duela, tenemos que reconocer que en el alma de cada dominicano habita un “tíguere”, un ser suspicaz, habilidoso, malicioso. Pregúntele si él puede hacer algo, no importa lo delicado que sea, y obtendrá una respuesta positiva y sustentada con lógica argumentativa.
En los temas constitucionales, como en los asuntos manuales, esa alma de “tíguere” del dominicano se la luce.
Tenemos encendida la polémica de si la Constitución puede ser o no inconstitucional.
Está motivada por la posible reelección presidencial y el transitorio, a modo de candado, que se le puso a su artículo 124, para impedir que el actual jefe del Estado, licenciado Danilo Medina, pueda aspirar a un nuevo período gubernamental.
Nosotros nos ocuparemos hoy sólo del alegado aspecto inconstitucional de la Carta Magna. Y afirmamos que la Ley Sustantiva nunca es ni puede ser inconstitucional. Esto sería un contrasentido, un absurdo. Siempre es un error garrafal pretender aparentar que el Pacto Político, como el documento jurídico más importante de la nación, se anula a sí mismo.
Recordemos que conforme a los artículos 6 y 73 de nuestra Ley de leyes, son nulas de pleno derecho toda norma que entre en contradicción con ella o subvierta el orden constitucional.
Por tanto, afirmar que la Constitución es inconstitucional es igual a decir que la Carta Fundamental se autoanula. Nada más equivocado.
Todo lo que establece la Constitución es valor o principio o norma que debe ser respetado. La Carta Magna tiene validez hasta que sea modificada, sin que exista o pueda existir ninguna otra regla que la anule.
Ahora bien, la Constitución siempre es interpretada para su aplicación. Y deben emplearse los métodos y recursos interpretativos adecuados. Jamás serán antojadizos.
La Constitución sugiere, consagra y fija disposiciones jurídico-políticas que pueden ser objetos de interpretación, que no es vulgar manipulación. Su lenguaje lo permite.
Tiende a la minimización, no a la maximización de los recursos lingüísticos.
