Cada día el idioma español se actualiza más en el país, conforme a los avances de la llamada “globalización”. Hoy día, los reclusos son “internos”, el robo al Erario consiste en “indelicadezas” y al incumplimiento de la Ley se le llama “inobservancia”.
Hace una semana, la Cámara de Cuentas reveló que en todas las auditorías realizadas a las distintas instituciones gubernamentales y partidos políticos se han detectado “inobservancias” a las leyes de la administración pública que provocan pérdidas millonarias al Estado dominicano.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, consideró que son muchos los millones que se le escapan al Estado y que no pueden ser usados en asuntos prioritarios para la nación, precisamente porque esas violaciones a la Ley generalmente están asociadas a la corrupción, como suele suceder en una gran mayoría de instituciones públicas y los Ayuntamientos.
Si bien cada una de esas auditorías son remitidas al Ministerio Público para que analice los expedientes y pongan en marcha las acciones judiciales, nunca se ha producido una sentencia condenatoria contra quienes hacen uso indebido de fondos que pertenecen al Estado y, en consecuencia, al pueblo dominicano.
No hace mucho tiempo, la CC entregó al Ministerio Público 54 expedientes de auditorías efectuadas a igual número de instituciones públicas durante los dos últimos períodos de gobierno del ex presidente Leonel Fernández, pero la Justicia no ha dicho absolutamente nada, a pesar de que los dineros mal usados ascienden a la respetable suma superior a los 4 mil millones de pesos.
Un país con tantas carencias no puede darse ese lujo de un escape de dinero de tal cuantía. Cada día crecen los requerimientos de salud, educación, viviendas, agua potable, electricidad y asistencia social, lo que constituye un atractivo para que el gobierno siga endeudando al país con préstamos extranjeros, para enfrentar esos problemas. Naturalmente, esos compromisos deberán ser pagados por las futuras generaciones, no por quienes firman los préstamos.
Las irregularidades financieras y administrativas incluyen también a los partidos políticos, sin excepción. Pero, igual que los funcionarios de las instituciones auditadas, los de los Ayuntamientos y los dirigentes políticos, todos parecen intocables, sencillamente porque tenemos una democracia que no funciona.
Es totalmente contrario a la ética que funcionarios públicos, que manejan a su antojo el Presupuesto que se les asigna, aparezcan como aspirantes a cargos electivos sin tener la delicadeza de renunciar a sus funciones.
Es necesario crear una cultura verdaderamente democrática, para lograr instituciones que funcionen, pues es inadmisible que a estas alturas del Siglo predominen la corrupción, la inobservancia de las leyes y la impunidad.
