Que nadie piense que la impunidad va a tener fin en este gobierno y dentro de instituciones podridas. Ni modo. Esto ha sido diseñado para robar en grande sin castigo. Para robar con la protección de un sistema sin justicia.
El informe de la Comisión de Punta Catalina fue confeccionado a tono con el propósito de obviar judicialmente el soborno electoral que precedió a la adjudicación de ese contrato a Odebrecht, el significado de la Oficina Regional de Sobornos de esa empresa en nuestro país y la enorme sobrevaluación que la acompaña. No hay sorpresa, sino desfachatez.
Las razones de la exclusión por el Procurador de la alta jerarquía danilista comprometida con esa corruptela, de las sobrevaluaciones durante los Gobierno de Hipólito, Leonel y Danilo, y de los financiamientos a campañas presidenciales del PLD en el 2008, 20012 y 20016, las podía adivinar cualquier tonto.
Pasado el efecto teatro del “encartamiento judicial” y puesta en prisión de unos pocos sobornados, era previsible lo acontecido en días recientes: excarcelamiento de 6 de ellos y evidencia de la inconsistencia de los cargos; no porque sean falsos, sino porque “apota”, no fueron bien fundamentados.
La jueza Miriam Germán -de insobornable trayectoria y singular talento- mostró el pus de ese proceso y su destino hacia la impunidad.
Había que suponer -ella tuvo el valor de demostrarlo técnicamente desde las entrañas del monstruo- que esa tuerca en el tornillo de algunos opositores internos y externos a este gobierno no podía apretarse mucho para no correr el riesgo de que se desbordara el chantaje contra los que faltan por procesar, que son los más y los principales.
Ya los “encartados” judicialmente saben que su “descargo” está asegurado dentro un sistema putrefacto y manipulado. Algunos son tan perversos que solicitan que se descarte el “tollo” fríamente calculado y se les pida perdón.
Nadie espere que el Procurador nombrado por el Presidente se esfuerce en lo adelante por sustentar consistentemente las acusaciones formuladas; ni soñar con tribunales capaces de hacer justicia contra el poder que lo designó.
Pero nada de desaliento. Esto no es asunto judicial. Es un grave problema político, de relación de poder, que habrá de decidirse en las calles. Tanta perversidad es gasolina para la multitudinaria llama verde. Habrá fin de este régimen oprobioso y la impunidad que genera, no por la vía institucional, sino por el ejercicio de la democracia de calle. Segurísimo.
