En nuestro Estado dominicano, autoridades y políticos confunden rendir cuentas con hacer cuentos. A los gobernantes solo le interesa hacer el bum de la inauguración y luego a Dios que reparta suerte para el funcionamiento y la sostenibilidad de las obras públicas, vivimos de la improvisación y el inmediatismo es tradición las acciones coyunturales olvidando lo institucional y estructural con las planificaciones requeridas.
El presidente dominicano, ha anunciado la inauguración de miles de obras, las cuales han comenzado hace unos meses, sin embargo no se ha explicado de donde saldrá el presupuesto para desarrollar y sostener en el tiempo el funcionamiento de las mismas.
Mientras por otro lado es contraproducente e incomprensible la indiferencia e irresponsabilidad para garantizar las necesidades básicas que son las principales demandas de la sociedad: calidad de vida para todos, seguridad, empleo, salud, educación, justicia, vivienda, medio ambiente sano, agua potable, alimentación, productividad, transporte público, fiscalización, transparencia, ética, moral, civismo, patriotismo y sensibilidad humana.
Y para colmo no podemos confiar en algunos funcionarios que solo son eficientes en la corrupción y la impunidad. Se hace urgente la participación ciudadana en los asuntos públicos y cohesionarnos.
Por Dios, ya no demandemos más leyes y digamos basta ya a tanta permisibilidad y servilismo, ante las autoridades que nos gobiernan y los males sociales, es tiempo de exigir la aplicación y respeto a la Constitución y las leyes que tenemos no esperemos más y comencemos con los artículos 145 y 146 de nuestra Constitución: 145.- Protección de la Función Pública. La separación de servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la ley.
Y artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;
2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.
La manipulación mediática es en estos momentos la principal amenaza a la libertad y el estado derechos en general.
