Opinión

Infoseguridad

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Debemos destacar que desde su inicio, a finales de los 80, el debate de la seguridad ciudadana ha partido principalmente del interés de la sociedad civil y tan solo de algunos de los principales actores del sector público del Estado dominicano, por más de dos décadas se ha impulsado y demandado una reforma policial, con el objetivo de dar respuesta y controlar la formación y estructura militarista fruto de las dictaduras y la guerra fría que mantenía nuestra Policía Nacional, haciendo de ella una institución represiva y constantemente acusada de violentar los derechos humanos, que lamentablemente aun persiste.

Si bien es cierto que esta reforma se hace necesaria en pos de profesionalizar y civilizar, o sea disminuir la represión y el carácter militar en la policía, ha sucedido algo totalmente lamentable y es que hemos aumentado la estigmatización, excluyendo, descalificando a la Policía al no formar parte integral de la reforma judicial de la cual somos parte, como auxiliar y más aun por ser el brazo fuerte de la misma, tal es el caso de la mejoría en instalaciones físicas, salarial y de condiciones sociales en general para fiscales, jueces, policías penitenciarios y cárceles, todo ello ha debilitado la fortaleza institucional, descuidando los principios de su doctrina y destruyendo el orgullo de los policías, con ello contribuyendo al incremento desproporcionado de los crímenes y delitos en la sociedad dominicana y la corrupción en el seno de la institución.

Pues lo que realmente ha debido hacerse es una reforma integral para todas las instituciones interrelacionadas y establecer políticas públicas de seguridad democráticas que cubran las ejecutorias de las acciones policiales propias de una institución moderna y profesionalizada acorde a los intereses y necesidades de la sociedad.

Además de lograr la definición clara de los ámbitos y funciones de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública que corresponden a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respectivamente, situación esta que han traído conflictos institucionales que de seguir así, conllevaran cada vez más a graves consecuencias.

Paradójicamente los principales argumentos utilizados por quienes abogaban la urgencia de una reforma policial se basaron en la eliminación del carácter militar de la policía, los rangos, entre otros detalles, porque entendían que este aspecto representaba un retroceso heredado de la dictadura como parte de sus males estructurales, sin embargo resulta inexplicable y alarmante que en la actualidad las funciones propias de la Policía Nacional, con relación a la seguridad ciudadana estén siendo ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas y lo más paradójico e incongruente de ello, es que la sociedad y los actores llamados a regular y corregir las fallas del sistema de seguridad pública se muestran indiferentes a tal situación, al parecer lo desconocen o no quieren darse cuenta. O sea, lo que ayer era malo por parte de la policía hoy es bueno y aplaudido cuando se hace por parte de las Fuerzas Armadas.

Esta situación ha mantenido a la Policía Nacional desde su creación en 1936 (durante 78 años) subordinada a las Fuerzas Armadas Dominicanas y por consecuencia la ocupación e injerencia permanente de los cuerpos militares en los asuntos de Seguridad Pública.

El Nacional

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