La gestión de la conflictividad social es un imperativo en toda comunidad organizada y es responsabilidad del Estado establecer las políticas públicas que garanticen esta tarea, sobreponiéndose el uso de estrategias y medidas civilizadas, democráticas y sobre todo con acciones preventivas, ya que donde no se anticipan ni se brindan respuestas adecuadas a los fenómenos violentos que perturban la convivencia pacífica, se agudizan los problemas, se reduce la calidad de vida de los ciudadanos y como consecuencia, se entroniza el caos y la anarquía.
Si se toman los titulares de la prensa de cualquier fecha en nuestro país, se puede apreciar que las denuncias y quejas de los ciudadanos sobre el comportamiento inadecuado de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad no han cambiado.
La creciente ola de criminalidad en las últimas décadas constituye en la actualidad el primer gran desafío que debe encarar todo gobierno, siendo la corporación policial uno de sus principales instrumentos. En el país, la violencia y la criminalidad ocupan un lugar importante en las estadísticas, lo que provoca una especial atención de la sociedad, ya que cada ciudadano ha tenido la experiencia, de una u otra forma, de ser víctima de este fenómeno y por lo general dejándolas marcadas para toda su vida y en muchas ocasiones con traumas irreversibles.
Además de la irresponsabilidad e indiferencia del gobierno, la falta de recursos materiales, la pervivencia de una cultura autoritaria y militarista explican el que se mantengan métodos inadecuados, abusivos e inhumanos en la gestión de los temas de seguridad pública. La utilización de estos métodos ha producido un círculo vicioso de represión y violencia, sin dejar de resaltar la complejidad de los nuevos tipos de crímenes relacionados al narcotráfico que se observa actualmente.
Los problemas y la perspectiva de la Policía en República Dominicana plantean desafíos, entre los que se resaltan la necesidad de un marco institucional en estrecha colaboración e interrelación con los distintos organismos del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Asimismo, un clima favorable para el diseño de políticas públicas para la seguridad ciudadana y estrategias referentes a las normativas, los procedimientos, la capacitación especializada, modernización y eficientización de la Policía Nacional.
De esta manera se podría logar que la Policía se convierta en garante confiable, respetuosa y respetada, dentro del contexto de reforma del Estado dominicano para erradicar el lastre que durante años han representado las carencias y dificultades en la que ha estado sumida la seguridad pública.
No será suficiente transmitir los valores éticos y las normas de conducta. Es necesario crear un ambiente de respeto a las leyes y a las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Asimismo, nuestras instituciones deben ser más transparentes en sus actuaciones y estar sometidas a un constante y efectivo control, tanto interno como externo, lo que permitirá una oportuna redefinición de los roles en el desempeño policial.
En los diversos estudios que se han hecho sobre la violencia-criminalidad se presentan diferentes causas y efectos de este fenómeno, entre los que se señalan como principales factores: la corrupción, la pobreza, la marginalidad, la globalización, la intolerancia, la injusticia social, la anomia, la ignorancia, la drogadicción y los problemas familiares.
