Según el profesor chileno Carlos Peña González En el origen de los Estados modernos existe una paradoja: el Estado concentra la violencia, y de esa forma, es la principal fuente de ella; pero al mismo tiempo intenta eliminarla. Resolver esta paradoja es el principal desafío de las sociedades democráticas. Si los Estados modernos proveen seguridad sin derechos, estos pierden legitimidad, su ventaja moral. El Estado dominicano está actuando ilegítimamente al violentar derechos en pos de la seguridad, la cual está en entredicho, igual que nuestra débil democracia.
Esa tendencia ciudadana actual, de ceder derechos a cambio de seguridad tiene que ver con la neurosis colectiva en que viven las sociedades a causa de la inseguridad mundial que se acrecentó a partir de los atentados del once de septiembre de 2001. Sin embargo, para nuestro país más que el 11S, es la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado y el sicariato que están provocando cambios a un retroceso, a violaciones a los derechos y libertades con grandes secuelas de represión.
Cuando se crea la Policía Nacional, eran policías políticas para conveniencia de la llamada seguridad del Estado que servía solo a los interese del régimen. Esto no ha cambiado. Hoy en la República Dominicana se está reviviendo esa lamentable siniestra época, con la diferencia que en esta ocasión no hay argumento, más que la irresponsabilidad y retroceso democrático.
Estas situaciones ponen en entredicho al Estado de derecho y a la democracia como sistema político. Al decir de Ana María Salazar, un Estado de derecho se debate ante la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales e inalienables de los habitantes de toda sociedad, pero a la vez, o al mismo tiempo, mantener los mejores estándares de seguridad ciudadana. Nada más lejos de la realidad para las autoridades de nuestra nación.
A partir de tres conceptos prejurídicos el profesor dominicano Ramón Emilio Núñez expone el planteamiento del jurista argentino Alberto Binder, Poder, conflicto y violencia interactúan dinámicamente en la sociedad, por lo que insiste en que una política criminal que se corresponda con una democracia debe plantear que como el derecho penal es un ejercicio de violencia frente a unos conflictos particularmente graves, es de esperar que el poder punitivo opere de un modo que no aumente la conflictividad, no genere más violencia ni constituya un abuso de poder. Todo esto obliga a tener políticas para gestionar la conflictividad, para potenciar los aspectos positivos del conflicto y reducir los negativos.
Hoy día aun existen políticas públicas de seguridad en donde por lo general se prioriza la seguridad y se descuidan los demás derechos fundamentales. Entonces hay un estancamiento en América Latina en cuanto a la garantía de la seguridad y un retroceso para los Estados Unidos y nuestro país. Ningún derecho que tenga que afectar a otro derecho para ser cumplido está bien aplicado.
En el caso particular de la República Dominicana, actualmente la sociedad clama incluso en pos de la seguridad, que se eliminen físicamente a los delincuentes, exigen mano dura, lo que se transforma en exceso que violenta y afecta los derechos fundamentales.
