Opinión

Infoseguridad

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Urge una cumbre con todos los sectores sociales para la seguridad ciudadana, la cual es un derecho humano inherente al quehacer social, es decir, que la seguridad es transversal a todo el desenvolvimiento de la vida activa nacional.

En este momento los habitantes están amenazados por un incremento de la criminalidad, lo que impide un desarrollo sostenible del país por las limitaciones e incapacidad para garantizar la tranquilidad y la paz que requiere toda sociedad organizada y civilizada en un contexto democrático y de un verdadero Estado de derechos.

Estas limitaciones son: la incapacidad para la aplicación y el cumplimiento de la ley;  diversificación de dirección para los asuntos de seguridad que provoca una dispersión y dilación de los recursos, que si estuvieran canalizados de manera institucional con estrategias comunes y consensuadas fueran suficientes para proporcionar las herramientas tecnológicas y un pago adecuado de sus recursos humanos; la ausencia de políticas públicas criminológicas y el desinterés del gobierno y de los funcionarios que le corresponde tratar los temas relacionados con la seguridad.

Así como la cultura de inmediatismo e improvisación por falta de planificación, sumando a esto la falta de transparencia en la administración de los presupuestos designados a estas áreas, la corrupción y la impunidad que impera en las cúpulas de estas instituciones, lo que ha provocado un deterioro ético y moral que se hace urgente sanear.

La deficiencia en conocimientos actualizados de la mayoría de los recursos humanos tanto en las leyes como en el tratamiento de los nuevos tipos de delitos; la mala calidad de vida de los miembros que integran las instituciones y falta de gestión profesional, falta de clasificación y distribución de los recursos humanos por especialidad, haciendo carrera con permanencia en las aéreas correspondientes.

Una muestra de la dispersión es que, de los 55,000  miembros que integran las fuerzas armadas aproximadamente el 90 por ciento están desempeñando tareas propias de policías, sin la capacitación  necesaria en seguridad ciudadana y descuidando su responsabilidad de la defensa nacional.

De igual manera pasa con los  33,471 policías, menos de la mitad trabajan en prevención y acciones operativas. Los recursos humanos, materiales y humanos, están dispersos  al servicio de los políticos y los grupos de poder; descuidando la función pública de garantizar la seguridad ciudadana de todos, dando cabida a la inseguridad ciudadana que hoy pone en riesgo y amenaza a todos.

Toda esta situación nos muestra un panorama de emergencia nacional que le hereda Leonel al próximo gobierno por la inseguridad y violencia en todas sus manifestaciones. 

Repito, es de rigor una cumbre nacional con todos los sectores de la vida nacional interesados en la seguridad. 

Nos queda el reto como Estado de establecer de manera imperativa soluciones al clamor popular de primer orden y urgente, por lo que recomendamos a las autoridades que se instalarán el próximo 16 de agosto lo siguiente: una redefinición y redirección de los organismos de seguridad,   lo que implicaría una evaluación y  depuración estricta.

El Nacional

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