Danilo Medina Sánchez cumple su primer año de gobierno. Su ascenso al poder se considera como un punto de quiebra entre el gobierno considerado más corrupto en nuestra vida institucional, a cargo de Leonel Fernández, quien protagonizó el más grande despilfarro de recursos del Estado, que ascendió a los cuatrocientos mil millones de pesos en sus últimos seis meses de gobierno, según estudios del Consejo Económico, Social e Institucional que a diferencia en la actual administración, llena de grandes expectativas, Danilo se mantiene con más de un ochenta por ciento de aceptación y reconocimiento ciudadano.
No obstante lo anterior, si evaluamos su desempeño en el importante tema de la seguridad ciudadana, salta a relucir el hecho de que mantuvo, por espacio de más de 6 meses, a los mismos incumbentes al frente de los organismos de seguridad, continuando el derrotero de recrudecimiento de las actividades delictivas y el narcotráfico, además de poner en ejecución un plan refrito que había fracasado en la gestión de Leonel Fernández Reyna y del que se hizo un alboroto mediático para causar un impresión positiva, pero en términos reales y con toda franqueza el plan no arrancó, ni arranca todavía y en honor a la verdad sólo a cambiado el nombre.
¿Por que decimos que no ha arrancado? Primero, porque un plan para enfrentar la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana precisa de gerencia estratégica con objetivos claros y definidos, segundo no se destino una partida presupuestaria para la aplicación del plan ni para ninguno de sus programas y operaciones; además no se hizo una adquisición, debidamente licitada, de la logística, materiales, equipos de comunicación y vehículos, como soporte de la aplicación de dicho Plan.
Seguimos sin tener éxito manteniéndonos estancados en la usurpación de funciones y tareas policiales por parte de las Fuerzas Armadas, lo que más que fortalecer y apoyar, se ha convertido en una amenaza y conspiración contra la institucionalidad policial y su naturaleza de funciones; lo cual es violatorio a la constitución, a leyes orgánicas y a la democracia. Ya que el empleo de los militares en tareas de seguridad ciudadana pueden ser utilizadas solamente en situaciones de excepción contempladas en la Constitución.
Además se ha violentado su derecho laboral y otros derechos adquiridos, se discriminó a la mayoría de los agentes policiales en servicio, favoreciendo con más del doble del salario a agentes reclutas, recién egresados del Centro con solo cuatro meses de formación básica, cuando el rigor es un mínimo de seis meses. Y lo peor de todo es que no se cumplió con la anunciada mejoría salarial de las instituciones policial y militar, lo que sigue como una promesa o anuncio. Así mismo se han suspendido por dos años el único estímulo laboral acostumbrado, los ascensos.
Además solo se ha registrado aplicar como plan piloto en cinco provincias: el Distrito, Provincia Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia, cuando todo el país está en crisis de seguridad. El llamado efecto balón, que consiste en un desplazamiento de la actividad delictiva y criminal a otros sectores no intervenidos por el supuesto Plan.
