Ojo con la nueva Ley Orgánica Policial
No llego a entender el porqué se hace una nueva ley orgánica para la policía en la que se reducen sus derechos adquiridos y se le pone camisa de fuerza para que los policías puedan generar más ingresos.
Ninguna Constitución o ley debe limitar la calidad y modo de vivir mejor. Mucho menos cuando el Estado no suministra o paga lo justo para sobrevivir, pues, ni para eso alcanza “el sueldo cebolla”. Lo que obliga al policía honesto y trabajador a recurrir al pluriempleo.
Nunca debió establecerse sanción para los policías que desempeñan otros trabajos remunerados, sin antes garantizar las necesidades básicas de cada miembro policial, a través de un salario digno y presupuesto adecuado para adecentar la profesión policial, por ahí debieron empezar los legisladores al trabajar la ley 590-16.
Sumado a esto, se aumentará la tarifa de peaje que envuelven los negocios corruptos del permiso para realizar otros trabajos ajenos a la función policial. Situación que lamentamos y tarde o temprano lamentará toda la sociedad.
Es bueno que se sanciones a quienes violen la ley, pero, comenzar a sancionar a los servidores públicos más vulnerables y que corren mayores riesgos en el desempeño de sus funciones, es cuestionable y muy extraño. La Constitución también lo prohíbe pero no es penado.
La solución no estará nunca en limitar y sancionar por otros trabajos remunerados, si no en pagar lo que amerita el trabajo o profesión de mayor riesgo del país que es el quehacer policial.
Los supuestos líderes y dirigentes de los diferentes poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos, proponen modificaciones por caprichos y boberías sin medir consecuencias y deciden cambiarlo todo, casi siempre para empeorar.
Parece objetivo de las autoridades políticas: cuanto más débiles las instituciones habrá mayor grado de impunidad. La costumbre y la cultura de irrespeto a las leyes casi siempre se han sobre puesto al estado de derecho, lo que hace de la República Dominicana un país cada vez más débil en democracia e institucionalidad. Dejando un vacío de justicia y ausencia de consecuencias para los violadores de la ley. Un Estado gobernado y administrado por violadores de la Constitución, así como las demás leyes y revestidos de impunidad, está condenado a destruirse. Miremos en el espejo del vecino Haití.
Al parecer, quienes dirigen el Estado y controlan el conjunto de la toma de decisiones frente al status quo en el país, quieren descargar resentimientos de las emociones reprimidas por las persecuciones y limitaciones de libertad a cargo de los uniformados en los periodos de guerra fría, destruyendo la institucionalidad policial y debilitando el resto de las instituciones de la administración pública.
Hoy, como es costumbre, los medios y comunicadores crucifican y acorralan la institución policial y sus policías a razón de sus otros trabajos remunerados, (por motivo de sobrevivencia en la mayoría de los casos), cuando ellos mismos son usuarios y cómplices de esos servicios paralelos. Sin embargo, para nadie es secreto, que casi en su totalidad los funcionarios públicos tienen conflictos de intereses entre sus cargos y sus negocios, pero se ignora, los medios y sus comunicadores lo callan.
Dios les bendiga hoy y siempre.
