Luego de casi quince años de reforma en el sistema de justicia dominicano, en el que se han obtenido grandes logros. Tal parece que dichos avances y grandes inversiones no han logrado mejorar el debido proceso de justicia y sus resultados.
A pesar de toda la modernización, la mejoría de recursos, la capacitación y todo los esfuerzos mencionados, se mantiene la marcada lentitud, dificultad burocrática y continuación de ineficiencia en los procesos del sistema judicial, lo cual es sufrido por los demandantes de justicia y reconocido por muchos de los actores, quienes enfocan esta situación a varios factores fundamentales: la limitación de recursos, la falta de coherencia y modernidad del sistema legal dominicano y las fallas institucionales con falta de consenso en los demás actores de la justicia. Sobresale lo costoso de los procesos judiciales, lo que hace que la demanda o acceso a la justicia sea caro y por ende, con frecuencia inaccesible para los pobres; lo que mantiene en baja la confianza y descrédito, como poder independiente.
Con lo antes dicho se demuestra que hacen falta más tribunales y más personal especializado en las diferentes áreas que competen a la justicia, pero sobre todo se requiere una gran inversión para la tecnificación y equipamiento de laboratorios criminalistas o de policía científica, para la especialización de un cuerpo investigativo más amplio dentro de la policía nacional y un reglamento consensuado para la relación jueces-fiscales-policías, requerido para la aplicación del Código Procesal Penal y superar los conflictos que aun persisten. También se requiere de una eficiente y moderna cadena de custodia para el sistema de pruebas.
Por otra parte, para fortalecer el sistema de justicia se hace necesario despolitizarse, más independencia del ministerio público e institucionalidad en su carrera, la constitucionalización de las funciones de seguridad ciudadana, que responsabilice a la Policía Nacional de la seguridad interior del Estado y fortalezca su carrera profesional por especialidad. Además la creación de un plan de nación continuo, a través de los años e independientemente de la administración que pudiera ostentar el poder, a fin de institucionalizar un proceso de reforma constante. Constante, porque las políticas públicas de seguridad y de los sistemas de justicia no se detienen, deben actualizarse y adaptarse a los nuevos mecanismos de criminalidad y conflictos sociales, de manera que no den espacio a los grandes flagelos que cada día acrecientan y nos presionan.
Los países con sistema de justicia avanzado miden su eficiencia a través de la duración de los procesos y de la cantidad de casos resueltos con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, igualmente pasa con la eficiencia policial, esto es en cuanto a los casos por resolver. Pero la eficiencia real de la policía se mide con incidencia cero o la menor taza de delitos, o sea que su esfuerzo o misión principal es prevenir la comisión de crímenes y delitos, no resolver dichos casos sino evitarlos. Perseguir infractores de las leyes siempre debe ser secundario, ya que hace a la policía más represiva, por el contrario el enfoque de una policía moderna y eficiente, es preventivo.
