Opinión

Infoseguridad

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La noción moderna del Estado de Derecho conlleva como requisito fundamental la garantía de la seguridad democrática. Tradicionalmente se ha creído que la seguridad pública constituye un “supraderecho”. Pero lo cierto es que constituye un derecho fundamental más, por no decir el primero, que es el derecho a la vida, aunque sí debe ser garante de este primer derecho.

Según el profesor chileno Carlos Peña González, “En el origen de los Estados modernos existe una paradoja: el Estado concentra la violencia, y de esa forma, es la principal fuente de ella; pero al mismo tiempo intenta eliminarla. Resolver esta paradoja es el principal desafío de las sociedades democráticas. Si los estados modernos proveen seguridad sin derechos, estos pierden legitimidad, su ventaja moral”.

Esa tendencia ciudadana actual de ceder derechos a cambio de seguridad tiene que ver con la neurosis de miedo colectiva, casi siempre inducida, en que viven las sociedades a causa de la inseguridad mundial  que se acrecentó a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En los años de la guerra fría, los gobiernos formaban y equipaban sus cuerpos de policía, doctrinándolos ante el peligro del avance del fantasma  comunista. Eran policías políticas para conveniencia de la llamada seguridad del estado. Eran los tiempos en que se decía que  la paz venia del palo y la tranquilidad de la tranca.

Este  sistema ponía en entredicho al Estado de derecho y a la democracia como sistema político. En América Latina se ha dado un necesario proceso de cambio luego de superarse en gran medida los efectos de la guerra fría, que en realidad no fue una guerra tan fría.

Al decir de Ana María Salazar, durante ese proceso histórico EU y la URSS utilizaron a América Latina y al sudeste asiático como el jamón del sándwich. Un estado de derecho se debate ante la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales e inalienables de los habitantes de toda sociedad, pero a la vez, o al mismo tiempo mantener los mejores estándares de seguridad ciudadana y de la calidad de vida.

En el caso particular de la República Dominicana, se confunde el libertinaje, el desorden y la anomia con libertad y democracia, nada más alejado de la verdad. Pues sin institucionalidad ni autoridades que garanticen los derechos no viviremos en paz y progreso.

Tradicionalmente, las autoridades trabajan para proteger proyectos e intereses individuales o de grupos que casi siempre ostentan el poder con sus asociados, excluyendo a las mayorías con sus minorías, negándoles sus derechos fundamentales.

Es indispensable que los ciudadanos se integren al fortalecimiento de un sistema de justicia garantista, que revierta la falta de aplicación de la ley, el desgano o complicidad de todas las autoridades y de las instituciones que tienen que velar por el desarrollo sostenible del país.

Hay que enfocar que la única vía para alcanzar las aspiraciones sociales y una democracia plena, es a través de la educación y la capacitación de los actores estatales y de los ciudadanos, donde estos últimos reclamen ese derecho sin violentar los demás y así se solidifique el desarrollo integral.

El Nacional

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