La Constitución establece quiénes son dominicanos y la forma de adquirir la nacionalidad. Grupos de la sociedad civil interpusieron una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia la rechazó, estableciendo que los ilegales y las personas en tránsito no generan derechos regulados por la ley sobre Actos del Estado Civil.
El problema puntual sobre la migración haitiana reside en que ha aumentado el desempleo de los dominicanos. Los inmigrantes han sustituido la mano de obra del obrero agrícola, de los trabajadores de la construcción, del trabajo informal y del trabajo doméstico.
La masiva presencia de haitianos constituye un dolor de cabeza. Hay que buscar soluciones jurídicas como la Ley Simpson-Rodino, promulgada por el presidente Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986, que concedió una amnistía a los extranjeros indocumentados que probaran que habían entrado a Estados Unidos hace veinte años.
Un texto parecido podría aplicarse en el país con los haitianos y otros extranjeros que hayan vivido aquí en forma ilegal durante los últimos treinta años. Si prueban han residido en nuestro suelo durante el período señalado, y no haber delinquido, podrían adquirir documentación para regularizar su estatus.
Hay personas que tratan de descalificar a los que defendemos nuestra nacionalidad y soberanía. Dicen que es discriminación racial, cuando los nativos de este lado somos negros, mulatos y algunos blancos, discriminados juntos a todos los hispanos en Europa y en Estados Unidos.
Una de las salidas para resolver el problema sería la construcción de un gran muro a todo lo largo de los 360 kilómetros de frontera. Los norteamericanos ya lo hicieron en su frontera con México y han controlado el flujo de de inmigrantes.
