Opinión

Internet basura

Internet basura

Namphi Rodríguez

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) debe asumir un rol más activo en la promoción de una ley que refuerce las sanciones contra el “Internet basura” y las violaciones delincuenciales al derecho a la intimidad y a la privacidad.
El execrable delito de violación de la intimidad ha tomado ribetes preocupantes con la nueva práctica de difundir por redes sociales como Facebook e Instegram vídeos filmados con cámaras ocultas en la intimidad de las personas y en los que se muestran a ciudadanos en actos privados que lesionan gravemente su honra y su privacidad.

Ese tipo de acciones no se pueden tolerar, porque no sólo lesionan los derechos de las personas afectadas, sino porque que se “bandaliza” la Red al convertirla en instrumento de morbo y de facinerosos, con lo cual también se afectan los derechos de los receptores y de la niñez y la infancia.

El artículo 44 de la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el país no dejan dudas sobre la obligación del Estado de propiciar una tutela efectiva al derecho a la intimidad de las personas como bien jurídicamente protegido.

La privacidad es un reducto esencial que necesitamos todos los ciudadanos para desarrollar nuestras actividades básicas, es un derecho intangible, pero muy valioso.

Es lamentable que aquí se estén comercializando ilegalmente bases de datos que luego sirven a delincuentes para el robo de identidades y para extorsionar a ciudadanos a través de contactos por la Red, sustracciones de fondos de tarjetas de crédito y llamadas telefónicas molestosas.

A ese problema se deben las llamadas telefónicas que reciben ciudadanos de desconocidos informándoles que parientes han sufrido accidentes y que es necesario que se envíen sumas de dinero porque están en situaciones de emergencia.

Esas llamadas impertinentes se realizan sin ninguna consecuencia ni persecución de las autoridades del Indotel ni de la Procuraduría General de la República, pese a que representan un grave atentado a la vida privada y a la seguridad de los ciudadanos.

Indotel, como órgano rector de las telecomunicaciones, debe abrir un debate sobre el tema para someter al Congreso una legislación que supere las falencias de Ley de Crímenes y Delitos y Alta Tecnología, el Código Penal y la Ley 24-97.

La necesidad de reglas no puede interpretarse como censura; es cierto que las restricciones pueden ser riesgosas, pero hay que trazar una frontera entre lo relevante y lo irrelevante, entre lo obsceno y lo crítico, entre la libertad de expresión y la libertad de agresión.

Y los ciudadanos debemos denunciar ante las autoridades represivas a quienes nos agredan con ese tipo de prácticas y, si no, a acudir a los tribunales de justicia penal.

El Nacional

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