Interrupción embarazo



La jerarquía de las iglesias se ha olvidado de lo que significa la compasión. Pretenden dejar desprotegida a una mujer pobre, que desea vivir, una madre que desea seguir al lado de sus hijos, pero que tiene que abortar para salvar su vida, o aquella que no puede soportar el peso de lo que significa esperar el hijo de una violación.

Las mujeres, aun las católicas practicantes abortan, y van a seguir haciéndolo a pesar de todas las barreras culturales, legales y morales que les sean impuestas. La OMS, estima que cada año, 4.2 millones de mujeres en América Latina y el Caribe, recurren al aborto inducido; en ocasiones inseguro, para terminar con un embarazo no deseado.

La mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas al aborto. Seis de los ocho países en donde el aborto está prohibido bajo todas las circunstancias, son latinoamericanos o caribeños: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.

En la mayoría de los países en el mundo, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen.

Cada mujer y su historia es única, sin embargo, la mayoría de los abortos inducidos son producto de embarazos no planeados.

Pero qué carajo se puede esperar? No hay educación sexual en las escuelas, y los métodos anticonceptivos, apenas hacen unos meses fueron introducidos en las “farmacias del pueblo” no sin antes enfrentar la férrea oposición de la iglesia.

Interrumpir voluntariamente el embarazo bajo las siguientes circunstancias, como ha propuesto el Presidente, es un derecho fundamental de nuestras niñas y mujeres: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y Cuándo el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto.

Las leyes se hacen para todos, y no para imponer la ideología inquisidora de un sector, que todavía cree estar en el Medievo. Muy a pesar del bloqueo de la iglesia, de funcionarios y congresistas conservadores, la ley sobre los derechos reproductivos de la mujer se impondrá y el Estado deberá garantizar su cumplimiento, no vaya a pasar como los diez mandamientos.

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