La pérdida del semestre docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sería como una desgracia para sus más de 200 mil estudiantes, para esa academia y para la sociedad dominicana obligada hoy a reclamar el cese inmediato de la huelga profesoral irracional y necia.
Los precarios programas de extensión e investigación que auspicia la UASD han sido también paralizados como consecuencia del abandono de las aulas y laboratorios ordenado por la Federación de Asociaciones de Profesores (Faprouasd).
Sin poner en duda la calidad y pertinencia de los reclamos que sustentan esa huelga absurda y abusiva, se puede afirmar que los salarios de docentes de la UASD no son los peores en el ranking laboral de las universidades nacionales.
Se sabe también que la universidad estatal padece un profundo déficit financiero que sus autoridades estiman en más de 30 millones de pesos al mes, lo que muchos atribuyen en parte a una nómina abultada y difusa, incluido privilegios salariales a profesores y funcionarios.
Los profesores están compelidos a retornar a la docencia, que sería como recuperar racionalidad y buen juicio, o prepararse para recibir la más rotunda censura y el descrédito público por causar el fracaso del semestre académico.
Nueva Ley de Tránsito
El Senado aprobó ayer el proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que sustituye a la vetusta Ley 241, que resultó obsoleta ante un complejo problema que trastorna a la economía y al sosiego público.
La nueva ley regulará todo lo relacionado con el transporte de carga y de pasajeros, así como la seguridad vial, para lo cual se crea el Instituto de Tránsito Terrestre, lo que eliminaría la dispersión de instituciones vinculadas con el control o fiscalización del tránsito.
Ojalá que ese estatuto ayude a afrontar con éxito el descomunal desorden en el transporte de carga y pasajeros, a conjurar los tediosos taponamientos y a reducir los accidentes viales. Hay que esperar.
